El pasado martes, 27 de mayo, acudí a la sede de la Asamblea Regional de Cartagena con la intención de asistir, como ciudadano y representante público, al pleno en el que se debatían cuestiones de especial trascendencia para Cartagena y su comarca, como el futuro del agua o el respaldo institucional a Navantia y su industria auxiliar.

Sin embargo, una trabajadora del gabinete de Presidencia me impidió el acceso alegando que lo prohíbe el reglamento. Nada más lejos de la realidad. El reglamento de la Asamblea no impide la entrada de público a las sesiones plenarias. Es su artículo 84 el que establece que la asistencia de público a las sesiones se realizará cumpliendo con las formalidades "que en cada momento establezca la Presidencia". Es decir, el acceso no está prohibido, está supeditado a su voluntad.

Y esa mañana, señora Martínez, usted decidió impedirme el paso. En un salón de plenos con aforo abierto y prácticamente vacío, prefirió cerrar la puerta a un ciudadano —y además cargo público— en lugar de permitirle presenciar los debates de su Parlamento. No hubo razones sanitarias, de seguridad ni de orden público. Solo una decisión arbitraria.

Este episodio no es un caso aislado ni anecdótico. Forma parte de una tendencia cada vez más evidente: la de convertir la Asamblea Regional en una institución cerrada, opaca y al servicio de un solo partido. La de utilizar el reglamento como excusa para censurar, silenciar o evitar la presencia de quienes no comulgan con el discurso oficial. La misma tendencia que vemos en el Ayuntamiento de Cartagena, donde la alcaldesa Noelia Arroyo ha hecho de la censura a la oposición una práctica habitual, incluso en las Juntas Vecinales.

Usted y la señora Arroyo comparten un estilo de gobierno: evitar el debate, negar la pluralidad y blindar las instituciones para que nadie cuestione nada.

Impedir el acceso a un salón vacío donde se discuten cuestiones clave para el futuro de Cartagena no es solo una falta de respeto institucional. Es también una confesión: prefieren que no se sepa lo que ocurre dentro. Que no se escuche, que no se pregunte, que no se observe.

Por eso, señora Martínez, le exijo que, cumpliendo con el artículo 84 del reglamento de la Asamblea, garantice el acceso los días de pleno mientras exista aforo. Como presidenta

debería preocuparle tener una Asamblea abierta, accesible y transparente. Si no lo hace, lo que hasta ahora es notorio se volverá ya incontestable: que utiliza su posición para dificultar deliberadamente el acceso de los ciudadanos y para ocultar lo que allí se debate.

Y, ya que le escribo, le recuerdo que seguimos esperando, desde hace más de un año y medio, que nos reciba para tratar el acuerdo plenario del Ayuntamiento de Cartagena en el que se insta al inicio del proceso de comarcalización de la Región; y, en particular, la creación de la comarca del Campo de Cartagena, como contempla el artículo 3 del Estatuto de Autonomía. Su silencio es otra forma de veto.

La Asamblea Regional no es suya, ni del PP, señora Martínez. Es de todos. Y el pasado martes usted lo olvidó. Le pido que no lo vuelva a hacer.

Jesús Giménez Gallo

Portavoz del Grupo Municipal MC Cartagena