“Es lamentable y gravísimo que los políticos del Ayuntamiento de Cartagena hayan adoptado durante años decisiones que están por encima de la ley”. Así lo manifiesta la concejal de MC Cartagena, Isabel García tras darse a conocer el dictamen 55/2025 del Consejo Jurídico de la Región de Murcia, al que califica como “demoledor” ya que declara ilegales los premios por jubilación anticipada abonados a los funcionarios desde 2019. Esos pagos, que podrían superar los dos millones de euros, se realizaron a pesar de que el Tribunal Supremo ya en 2018 los había declarado nulos de pleno derecho.

La edil cartagenerista denuncia que se ha actuado como si el marco jurídico fuera un mero trámite que puede sortearse con pólizas, acuerdos o silencios cómplices.

Lo peor no es solo el daño económico, es la motivación política, porque se usó dinero público para comprar paz social, para no cumplir el acuerdo de condiciones de trabajo que el propio gobierno había firmado con los funcionarios. “En lugar de asumir sus compromisos legales, buscaron atajos ilegales y caros para contentar a una parte de la plantilla”, asevera García.

Ahora, todas las consecuencias económicas, legales, presupuestarias y políticas están en el aire. Lo que no está en el aire es la responsabilidad política del gobierno de Noelia Arroyo, que ya formaba parte del equipo que tomó estas decisiones y que ahora calla mientras la ilegalidad queda al descubierto.

La ‘jubilación’ de Esperanza Nieto

Y, por si fuera poco, el último ‘premio de jubilación’ que hemos visto ha sido el de Esperanza Nieto, a la que Arroyo jubila del Ayuntamiento para colocarla en el Consorcio de La Manga, después del estrepitoso fracaso de su supuesto nombramiento como directora general de la Agencia Tributaria regional. Otra colocación, otro favor, otro caso de puertas giratorias que nos cuesta dinero a todos.