Ponentes de universidades y empresas exponen la situación laboral de jóvenes, mayores y personas con discapacidad dentro del colectivo no cishetero

Expertos y expertas del mundo académico, del ámbito empresarial y del tercer sector exponen este jueves y viernes en la Universidad Politécnica de Cartagena la situación laboral del colectivo de mujeres LTBI (lesbianas, trans, bisexuales e intersexuales) en un congreso internacional organizado por el catedrático del Derecho del Trabajo Djamil Tony Kahale Carrillo y financiado por el Instituto de las Mujeres del Ministerio de Igualdad.

Entre la veintena de ponencias, que exploran el acceso al mercado de trabajo de jóvenes, mayores y personas con discapacidad dentro del colectivo no cishetero, son varias las que denuncian la especial discriminación que sufren las mujeres trans.

“En una sociedad en la que impera con más fuerza que nunca el culto al cuerpo, muchas empresas piensan que los trabajadores que tengan fenotipos que no encajen en los estándares preestablecidos o no van a ser suficientemente productivos o no van a transmitir la imagen que la empresa quiere proyectar en el mercado. Es decir, aplican prejuicios estigmatizantes que reducen las oportunidades laborales de las personas trans”, explica Alejandra Selma, catedrática de Derecho del Trabajo de la Universidad de Murcia.

Las personas trans cobran entre un 30 y un 40% menos que el resto de la población, según los datos de la Organización Internacional del Trabajo expuestos por María Paula Mattio, directora de la consultora de Igualdad y Diversidad Aleph. “En España, sólo un 15% de las mujeres trans tiene un salario igual o superior a la media”, añade señalando el doble techo de cristal que han de atravesar las mujeres trans y el gran porcentaje de ellas que ocupan puestos de trabajo informales o de baja cualificación. 

Esta desigualdad salarial es producto de “barreras y ambientes laborales hostiles”, señala la experta, quien celebra que ya existen políticas de inclusión y diversidad para revertir esta realidad y pide que los beneficios sociales que tienen los trabajadores de empresas y administraciones sean inclusivos y se extiendan a “todos los tipos de familias”.

Como palanca de cambio en las empresas, Mattio propone apostar por la formación y concienciación, la colaboración con organizaciones inclusivas y crear redes de apoyo interno con las personas ya sensibilizadas en la plantilla. También propone acciones para impulsar la contratación de mujeres trans y eliminar los sesgos que favorecen a las personas normativas mediante procesos de selección objetivos. “Los prejuicios llevan a contratar a quienes son iguales a nosotros”, denuncia.

“La voluntad de facilitar la integración de todas las personas es clave. Las empresas que no pueden tener tres baños o aseos con gabinetes cerrados, para garantizar la privacidad y la comodidad de todos los empleados, pueden optar por establecer turnos en el vestuario”, ejemplifica.

Otro de los ponentes, el profesor de Educación Social y Pedagogía de la UNED Abraham Fernández, apunta también a la discriminación por duplicado o triplicado que sufren las mujeres LTBI cuando a su condición sexual se suma la pertenencia a colectivos también discriminados, como los migrantes, las minorías étnicas o religiosas o el de las personas con discapacidad.

“La violencia en el trabajo es un riesgo que debe ser vigilado por las empresas”, subraya la profesora de Derecho del Trabajo de la Universidad Loyola María Teresa Velasco, recordando que el acoso sexual y por razón de sexo es siempre discriminatorio y denigrante y, en el caso del colectivo LTBI, parte de los estereotipos para “hundir a las personas”, señala la investigadora, recientemente galardonada con el premio Meridiana del Instituto Andaluz de la Mujer.