Cartagena

MC: López Miras da marcha atrás en la digitalización de las aulas

Pedro Celdrán: "Reconocen que el uso excesivo de pantallas puede ser perjudicial, lo que demuestra que no existía un estudio serio para su implementación"

"El Gobierno regional ha jugado con la salud de los niños, dejando muestras claras de su improvisación para gobernar". Así valora el presidente de MC Cartagena, Pedro Celdrán, la reciente decisión del gobierno de López Miras para limitar el uso de dispositivos digitales en las aulas, "una cuestión que pone de manifiesto una preocupante falta de coherencia en su política educativa", subraya.

Hace apenas unos años, este mismo gobierno impulsó la digitalización en las aulas, coincidiendo con la implementación de la gratuidad de los libros de texto. Esta medida, lejos de aliviar la carga económica de las familias, las obligó a asumir gastos adicionales en dispositivos electrónicos, generando desigualdades y dificultades para muchos hogares que no podían asumirlo.

Ahora, al reconocer que el uso excesivo de pantallas puede ser perjudicial para la salud y el aprendizaje de los estudiantes, el gobierno regional da un giro de 180 grados en su estrategia. Esta falta de previsión y planificación evidencia una gestión educativa errática, "y pone de manifiesto que no existía un estudio serio y riguroso para la implementación de estos dispositivos en las aulas, así como las consecuencias que podría conllevar a los estudiantes", considera Celdrán. Los niños no pueden ser la prueba piloto de ningún proyecto, ya que como se puede comprobar después de un tiempo de su implementación no ha cumplido su objetivo inicial.

Es primordial cuestionar si estas decisiones que tienen tanta importancia deben recaer en administraciones autonómicas que, lejos de ofrecer estabilidad y coherencia, parecen actuar al vaivén de intereses y presiones externas. "Un pilar básico como es la educación requiere de una visión estratégica y uniforme, no bar palos de ciego", sostiene el presidente cartagenerista.

Por ello, se hace necesario reconsiderar la devolución de las competencias educativas al Estado, garantizando así una gestión más sólida, equitativa y centrada en el verdadero bienestar y desarrollo de nuestros estudiantes.

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