El suceso registrado ayer a las puertas del campamento, donde unos 80 inmigrantes se amotinaron para impedir la expulsión de un compañero “por razones que desconocemos” y en que sólo intervinieron agentes de la Policía Local, advertidos por los vecinos, “sirve para concluir que el recinto no está preparado para garantizar su propia seguridad interior”, ha dicho la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, que ha pedido a la Delegación del Gobierno “que nos dé toda la información sobre el incidente de anoche”.
La regidora ha recordado que desde el Ayuntamiento se viene alertando al Ministerio de que la falta de información y coordinación con los servicios municipales y superar la capacidad del campamento de forma indefinida “podía generar problemas”, pues como explicó a los medios de comunicación “acumular a más de 700 personas en un campamento de forma indefinida no puede ser la respuesta de España a la inmigración, porque genera problemas de convivencia y tiene riesgos sociales”.
Además, ha indicado que del campamento ya han salido más de 1.400 personas sobre las que no se tienen datos. “Yo me pregunto, qué habría pasado en caso de que la Policía Local no hubiera acudido en apoyo a los vigilantes”, ha reiterado Arroyo.
Fueron los propios agentes locales de policía los que tuvieron que prestar apoyo a los vigilantes del campamento, calmar los ánimos de los amotinados, avisar a la entidad social responsable de las instalaciones y “escoltar al personal de la entidad hasta la Hospitalidad Santa Teresa, a donde fue trasladado el migrante expulsado”.
Noelia Arroyo ha pedido que la ministra se traslade a Cartagena para tratar sobre el campamento, “es injusto para los inmigrantes que conviven en unas instalaciones no adecuadas y para Cartagena, que somos la única ciudad que atiende los inmigrantes que llegan a la costa y a los que nos llegan por avión”.
En este sentido, ha exigido al Gobierno de España el cierre del campamento y la cesión de las instalaciones del Hospital Naval a Cartagena, igual que el Ministerio de Defensa se lo ha cedido al Ministerio de Inclusión. A la vez ha desmentido que hace 3 años se planteara una propuesta de cesión por parte del Ministerio. “Lo que ocurrió hace 3 años fue una negociación para que el Ayuntamiento lo comprarse por 31,9 millones de euros, pero el Ministerio nunca ha planteado la cesión”, aclaró Arroyo quien insistió en que “queremos la cesión en las mismas condiciones que han hecho entre Ministerios, porque una vez que la tengamos, el Ayuntamiento tiene que invertir mucho dinero para darle el uso que Cartagena considere”.