Esta mañana a las once horas, en la puerta de las dependencias municipales de la calle San Miguel de Cartagena, se ha visibilizado el registro, por sede electrónica, de una carta realizada por La Plataforma La Cárcel No Se Vende y la Asociación Memoria Histórica de Cartagena, denunciando la demolición de nuestro Patrimonio Público, en este caso por los trabajos de derribo realizados en la Cárcel de San Atón. Este escrito ha ido acompañado de 1267 firmas reivindicando la titularidad, gestión y uso público y municipal de la misma.

En el escrito se exigía explicaciones sobre los motivos que han tenido las dos regidoras cartageneras, Ana Belén Castejón y Noelia Arroyo, para cambiar de opinión sobre la Cárcel como espacio público; se pedía si han comunicado al Juzgado de lo Contencioso y a la Fiscalía, el que se está incumpliendo la paralización cautelar dictada por el TSJ el 3 de septiembre de 2019 (entendemos, por no habernos comunicado nada, que todavía no hay levantamiento de dicha paralización); si se ha comunicado a la DG, de Bienes Culturales el destrozo que se está haciendo; el porqué no todos los concejales o concejalas tienen libre acceso al expediente completo de demolición; y que se nos informe si por parte de Urbanismo y Patrimonio Arqueológico se ha realizado la supervisión técnica e informes de todo lo que están destrozando las máquinas.