El grupo municipal de PODEMOS considera inadmisible que el Partido Socialista prometa una cosa y haga la contraria, sirviendo a los intereses de HIDROGEA antes que al conjunto de la sociedad de Cartagena. En una nota de prensa, la formación morada ha recordado que el PSOE llevaba en su programa la denuncia de la ampliación del contrato con la empresa hasta 2042, una ampliación que contó con dos informes en contra del CJRM y que además se encuentra investigada por la trama POKEMON.
CTSSP ha recordado que el PSOE tiene que hacer auténticos malabares para explicar los pasos que está siguiendo con el agua, ya que por un lado se sientan a negociar la tarifa con una empresa acusada de ser corrupta y corruptora, y por otro lado concejales de Gobierno como el edil de Hacienda firmaban en 2004 un recurso de nulidad de la prórroga. Lo mismo sucede con la Mesa Técnica que han formado para negociar la tarifa, cuya composición garantiza de antemano amabilidad, la misma amabilidad que durante 20 años mostró el PP.
A juicio del grupo municipal de PODEMOS, las contradicciones del PSOE no se quedan ahí: se arrodillan en Cartagena mientras quieren recuperar el servicio en Alhama (donde gobierna el SG del PSOE de la Región); y se vuelven a contradecir cuando dicen defender los servicios públicos pero fueron responsables de la privatización del agua y luego de votar favorablemente la ampliación de su contrato. “Quizás sea esa pesada mochila del pasado, afirma Pilar Marcos, la que explica lo que están haciendo hoy”.
Por último, CTSSP considera de un cinismo sorprendente que el Partido Socialista se rasgue las vestiduras con las consecuencias de la Ley Montoro y la asfixia de los Ayuntamientos pero a la hora de hacer realidad esa lucha se comporten como escuderos de un monopolio que se lleva cerca del 25% del presupuesto municipal, que ha endeudado al Ayuntamiento y que está siendo investigado por asociación ilícita y fraude a la administración pública, con presuntos sobrecostes en las obras subcontratadas a empresas del mismo grupo, superávit mal liquidados e irregularidades de personal, entre otras prácticas perjudiciales para el bolsillo de todos los cartageneros.