Ecologistas en Acción ha hecho esta mañana entrega del Informe Banderas Negras 2010 de la Región de Murcia: “Caos Costero” al Ayuntamiento de Cartagena, para que la alcaldesa Doña Pilar Barreiro conozca de forma más precisa el estado real de deterioro de la costa murciana en el que esta administración toma parte.

Por duodécimo año consecutivo, Ecologistas en acción ha presentado su informe de Banderas Negras que analiza el estado de las costas en base a criterios ambientales, observando aspectos como el urbanismo, vertidos industriales, vertidos orgánicos, actuaciones en playas y puertos de interés general o interés particular. En el marco de este análisis se conceden los galardones de banderas y puntos negros. Con el objetivo de divulgar este análisis entre la ciudadanía y entre las Administraciones públicas de la Región de Murcia, la organización ambientalista ha hecho hoy entrega al Ayuntamiento de Cartagena de una copia del particular “Caos Costero” que atañe a nuestras costas.

La asociación ecologista ha denunciado que el Ayuntamiento de Cartagena lleva años gestionando de forma inadecuada la parte que le compete de la costa murciana, sin una planificación real y sostenible, y aprobando nuevos proyectos que van esquilmando cada vez más nuestros recursos naturales.

Natalia Martín, responsable del área marina a nivel regional, valoraba que “nuestros dirigentes no han sabido planificar ni gestionar con vistas a un mejor aprovechamiento y conservación de los recursos naturales”. En cambio, se ha impuesto un modelo apoyado en un hipotético crecimiento sin límites, y centrado en el interés particular de unos pocos, olvidando el interés general de la ciudadanía. Esto, según Martín, “nos conduce a una situación donde los límites de carga del territorio pronto serán sobrepasados, lo cual limitará las posibilidades de alternativas sostenibles para el municipio”.

Para la organización, el Ayuntamiento de Cartagena, incomprensiblemente, continúa en su avance depredador, cómo demuestra la ya histórica ocupación urbanística de la Manga del Mar Menor, y las pretensiones de nuevos proyectos como Lo Poyo y Novo Carthago. Estos proyectos continúan con el modelo de Resorts y Campos de Golf, y afectarían de forma más grave si cabe, a la laguna costera del Mar Menor que cuenta con 5 figuras de protección a nivel nacional e internacional (LIC, ZEPA, RAMSAR…). Estas razones no parecen ser suficientes para que la administración regional apruebe definitivamente el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Mar Menor, documento base imprescindible para una buena gestión de los Espacios Protegidos. Los proyectos urbanísticos que pretende el Ayuntamiento de Cartagena amenazan con seguir con el grave proceso de desnaturalización del Mar Menor, poniendo en situación límite a este espacio de tan alta singularidad. Esto demuestra claramente como el Mar Menor para nada está “salvado”, al contrario de lo que declaraba la alcaldesa Pilar Barreiro el pasado verano.

En lo que respecta al Mediterráneo cartagenero, se destaca la reciente amenaza sobre Cala Reona, cala virgen situada en el límite del Parque Regional de “Calblanque, Peña del Águila y Monte de las Cenizas”. La propuesta del Ayuntamiento de Cartagena pretende recalificar unas 60 ha de terreno para permitir una urbanización de entre 500 y 1.000 viviendas; cambiando la actual calificación de Suelo No Urbanizable de Protección Ambiental y Forestal a Suelo Urbanizable de mínima densidad. Prosigue así este Ayuntamiento en su escalada de no dejar un sólo tramo de costa sin urbanizar, basando su desarrollo en un modelo de turismo residencial de sol y playa nada sostenible, y amenazando los tramos de elevada biodiversidad que aún posee la costa del municipio.

Ecologistas en Acción ha destacado también que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Cartagena, aprobado en 2009, contempla la urbanización de 110.000.000 m2, que sumados a los 50.000.000 m2 ya construidos suponen urbanizar un tercio del término municipal de Cartagena; duplicándose así la superficie urbanizada actual, otro paso atrás más en ocupación del suelo y creación de viviendas que para nada cumplen con una necesidad real de crecimiento demográfico natural del municipio, implantándose un modelo insostenible que exporta en mayor medida a las zonas costeras.

Como muestra de que aún se puede cambiar el rumbo, Ecologistas en Acción le entrega a la alcaldesa Pilar Barreiro su informe Banderas Negras 2010 de la Región de Murcia: “Caos Costero”, para que analice el estado de las costas desde una perspectiva real del grado degradación medioambiental, y que pueda cambiar el modelo de su planificación y gestión hacia otro más coherente y sostenible en esa franja de territorio tan frágil que es la costa.

Alguna de las reivindicaciones concretas que Ecologistas en Acción ha trasladado a la alcaldesa de Cartagena ha sido la solicitud de que se desechen definitivamente los aberrantes e insostenibles proyectos de Lo Poyo y Novo Carthago, la pretensión de urbanizar Cala Reona y los crecimientos urbanísticos desmesurados que poco a poco nos van dejando una costa gravemente esquilmada en favor de los intereses privados de unos pocos.

La asociación ecologista ha solicitado también a la alcaldesa de Cartagena que se lleve a cabo un mayor control sobre las construcciones ilegales en los entornos naturales del municipio, paralizando y demoliendo esas obras ilegales en sus fases iniciales, para mandar un mensaje claro a la sociedad en general y a los infractores en particular. Se trata de evitar a toda costa la actual sensación de impunidad que reina en el municipio, que en gran parte es debida a la actitud permisiva del propio Ayuntamiento, que en el pasado ha realizado “legalizaciones” de las viviendas ilegales.

Ecologistas en Acción ha manifestado que precisamente ahora es un buen momento para replantearse el futuro del municipio.

La asociación ecologista cree por tanto que se deben promover iniciativas que beneficien al conjunto del municipio, tanto social como ambientalmente, y dejar de lado el actual expolio del territorio en aras de intereses privados, que limita gravemente las posibilidades de desarrollo a las generaciones futuras.