El Grupo Parlamentario Socialista pide la comparecencia en la Asamblea del consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, para que explique por qué no se le ha cobrado todavía a la empresa Portman Golf el dinero público empleado para la eliminación de la Balsa Jenny.
La diputada regional Teresa Rosique señaló que “lo que todavía no ha explicado el Gobierno regional es por qué aceptó en 2001, la donación gratuita de esa balsa contaminada y la incluyó en el listado de patrimonio de la Comunidad Autónoma, asumiendo de esa manera, que la eliminación de la balsa contaminante se terminaría pagando con dinero público, incluso con fondos de la Unión Europea”.
Para el Partido Socialista estos hechos demuestran que el Gobierno regional, cuando aceptó “este regalo no tenía intención de cobrar a la empresa propietaria de la Balsa Jenny el costo de su eliminación”.
Fiscalía Anticorrupción
Rosique recordó que el Gobierno regional no tuvo conocimiento hasta principios de 2007 de que la Fiscalía Anticorrupción había abierto una investigación por estas actuaciones. A partir de entonces, el Ejecutivo autónomo empezó a decir públicamente que las obras de eliminación de la Balsa Jenny se habían pagado con dinero público, “pero que le pasarían la factura a la empresa Portman Golf, propietaria de la misma para cumplir así la Ley de residuos que establece que el que contamina paga. Y así lo declararon ante la Fiscalía Anticorrupción”.
En octubre de 2009, dos años después de que el Gobierno regional dijera que iba a cobrarle a la empresa Portman Golf el costo de esas obras, y a pregunta de la diputada socialista interesándose por si ese cobro se había hecho efectivo, la Consejería respondió por escrito que “tenía dificultades para cobrarle a Portman Golf los 5,4 millones de euros que costó la eliminación de la Balsa Jenny, y que según el artículo 27 de la Ley 10/1998 de Residuos, correspondía pagar a los propietarios de esa balsa”.
Según la propia Consejería dichas dificultades se debían a que la Comunidad Autónoma tenía que haber declarado, delimitado y haber hecho un inventario de suelos contaminados, tramitación que no inicio hasta 2005.
“Cae por su propio peso”
Para Rosique, la respuesta de la Consejería “cae por su propio peso, porque si ese suelo no hubiese estado declarado como contaminado, no habría podido incluirse en la relación de suelos contaminados y no habría podido acogerse al programa para la eliminación de suelos contaminados del Ministerio de Medio Ambiente, cuya financiación en parte corría a cargo de Fondos Europeos.
Con posterioridad a esa respuesta y a finales de 2009, la diputada se personó en la Consejería y pudo comprobar, a la vista del expediente, que la Consejería seguía estudiando aún cómo cobrar a la empresa Portman Golf dicha factura.
La diputada concluyó que el Gobierno regional debe dar explicaciones en la Asamblea de todo lo acontecido con esta cuestión. “El consejero de Agricultura y Agua deberá explicar por qué tres años después de haber anunciado que exigiría el pago a la empresa Portman Golf, todavía no se ha hecho efectivo ese cobro”.