Tras más de cinco meses y medio en paro, los 250 trabajadores que conforman la plantilla de la compañía cartagenera Española del Zinc (ZINCSA) continúan en su lucha por mantener sus puestos de trabajo sin recibir ninguna garantía y por ello, nueve de ellos se encuentran encerrados desde ayer por la mañana en la Catedral de Murcia y amenazan con no salir a menos que la Administración regional, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y la propia empresa les garantice la pronta construcción de la nueva empresa en Los Camachos.
La situación se remonta al año 2005 cuando la empresa reconoció tener pérdidas económicas y decidió, finalmente, vender los terrenos de Torreciega para hacer frente al convenio de acreedores. Así, en marzo de ese mismo año, se firmó el Plan de Viabilidad de Española del Zinc 2005-2010 y un año más tarde, el 4 de julio de 2006 se firmó el acuerdo urbanístico por parte del comité de empresa y el Consejo de Administración para poco después, el 13 de ese mismo mes firmar un convenio para el desarrollo del sector Z del Plan General de Ordenación Urbana de Cartagena; cuyo principal objetivo era delimitar el mantenimiento de la actividad industrial para que así, ningún puesto de trabajo corriera peligro.
Sin embargo los años pasaron y no fue hasta 2007 cuando los trabajadores, y tras soportar tres expedientes de regulación de empleo, cuando lograron el apoyo del Gobierno Central, que desbloqueó el acceso a los terrenos industriales en el Polígono de Los Camachos. Fue la consecuencia del esfuerzo común entre la Federación del Metal, Construcción y Afines (MCA) de UGT Región de Murcia y CCOO y que redundó, por fin, en la entrega de dichos terrenos el 20 de noviembre de 2007.
Dos años más tarde, los trabajadores siguen encontrando enormes problemas para que se haga realidad la construcción de la nueva factoría; mientras la empresa adolece de iniciativas para dar rienda al proyecto y las Administraciones regional y local continúan sin imprimir el impulso necesario para evitar que este proyecto empresarial quede en una “simple compraventa de terrenos” con tintes especulativos que implicaría la pérdida de 250 puestos de trabajo directos y alrededor de 200 indirectos.
Además, a esta incertidumbre se les une la preocupación de que si el Gobierno regional y local no lo remedian, estén en peligro hasta las indemnizaciones a las que tienen derecho en el caso de que el proyecto empresarial no salga hacia adelante.