La consejera de Economía y Hacienda, Inmaculada García, suscribió hoy un convenio de colaboración en materia de recaudación con el alcalde de Caravaca de la Cruz, Domingo Aranda, por el cual el consistorio caravaqueño delega en la Agencia Regional de Recaudación la gestión en período ejecutivo de los tributos, las deudas no tributarias, los precios públicos y otros ingresos de titularidad propia, cuando el importe acumulado sea superior a 30 euros. Con este son ya 49 los los organismos que han delegado en la Agencia sus funciones recaudatorias.

García afirmó que, mediante este convenio, la Agencia pone a disposición del Ayuntamiento de Caravaca "toda su estructura organizativa, tecnológica y de gestión, lo que le permitirá conseguir un importante incremento en los porcentajes de gestión recaudatoria", y además mediante estos instrumentos, añadió, "será posible hacer efectivo el cobro de las deudas que el Ayuntamiento tiene en período ejecutivo y que hasta la fecha no ha podido satisfacerlas por medios propios".

Además, este organismo "aplicará el convenio suscrito entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Comunidad para el supuesto de deudas cuya gestión recaudatoria deba realizarse fuera del territorio de la Región", señaló la titular de Economía. En este caso, el importe acumulado por deudor deberá ser superior a 60 euros.

El Ayuntamiento se beneficiará de los servicios de gestión telemática implantados por la Agencia, así como de la gestión de las devoluciones de ingresos indebidos, autoliquidaciones, quejas y reclamaciones, consultas y domiciliación de deudas.

Por otra parte, los contribuyentes se verán beneficiados por el Plan de Medidas de Apoyo a Familias y Empresas para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, que fue aprobado por la Agencia en 2009, y que consiste en dotar de facilidades en el pago de tributos. En concreto, se ha elevado de 6.000 a 30.000 euros la dispensa de prestar garantías (avales, hipotecas, depósitos en metálico y otras garantías) en los aplazamientos y fraccionamientos de deudas, lo que afecta al 94 por ciento de las solicitudes presentadas e incide directamente en una reducción de costes al contribuyente.