Una más. El PP de Archena, con su Alcaldesa y Diputada Regional, Patricia Fernández, a la cabeza, vuelve a intentar manipular la información para tapar sus malas prácticas. El recurso contencioso-administrativo que el PSOE interpuso en su momento ha obligado al Ayuntamiento de Archena a rectificar por vía administrativa la oferta pública de empleo para 2014 por infringir las limitaciones contenidas en el artículo 21 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado en cuanto a la creación de nuevas vacantes. Según el auto de la sala dos del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia de 2 de febrero de 2015 "da lugar a la suspensión de la plantilla de personal del Ayuntamiento Archena y de los procesos selectivos que desarrollan la Oferta de Empleo Público para 2014".
El archivo al que se refieren las declaraciones vertidas por el PP responde a un simple auto de terminación del proceso satisfacción extraprocesal al haber dado marcha atrás por la Resolución de la Dirección General de la Comunidad Autónoma y TSJ que le impedía celebrar el proceso.
"La noticia que ha lanzado el PP de Archena es una pataleta en busca de justificar su error. No son capaces de admitir que lo hicieron mal. Más si cabe cuando, tanto en comisiones como en plenos, el anterior Grupo Municipal Socialista repitió hasta la saciedad que el proceso era ilegal" afirma el Portavoz del PSOE de Archena, Gonzalo Caracena, que añade que "es muy propio en ellos echar la culpa de su mala gestión y sus problemas a los demás cuando las cosas no les salen bien".
Desde el Grupo Municipal Socialista se han visto sorprendidos por esta reacción, sobre todo por parte de la Alcaldesa, después de la estimación del Tribunal Superior de Justicia de Murcia. Según Caracena "El PSOE siempre estará dispuesto a echar una mano para futuras negociaciones a la hora de confeccionar la plantilla, para que el PP no vuelva a equivocarse" y añade que "el único objetivo de los socialistas es el correcto funcionamiento del consistorio de acuerdo con las leyes vigentes, y nunca perjudicar a ningún colectivo. Y la prueba es que ninguno de los trabajadores y funcionarios del Ayuntamiento se han visto afectados por la rectificación causada por el recurso contencioso-administrativo".