El pasado 18 de octubre se dio a conocer la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo que establece que serán los bancos, y no sus clientes, quienes asuman el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados, el más importante que se paga cuando se formaliza el préstamo de una hipoteca.
Este fallo, que responde a un pleito que mantenía la Comunidad de Madrid con la EMV de Rivas Vaciamadrid, gobernado por Izquierda Unida, se fundamenta en que el negocio que se inscribe es la hipoteca y que el único interesado en elevarla a escritura pública y su posterior inscripción es el prestamista, es decir, la entidad bancaria, 'que sólo mediante dicha inscripción podrá ejercitar la acción ejecutiva y privilegiada que deriva la hipoteca'.
Sin embargo, solo 24 horas después, el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo tomó la decisión de dejar sin efecto la sentencia. Esta polémica decisión judicial implica la no aplicación de esta nueva jurisprudencia a los recursos pendientes de resolver sobre la misma materia, además de ser un intento para dejar sin efecto la sentencia mediante una resolución del Pleno de Sala. En resumen, ha bastado que la banca proteste para que el Tribunal Supremo se retracte de forma alegal, pues no existe norma alguna que permita dejar sin efecto una sentencia firme.
Es un despropósito que desde las más altas instancias judiciales se alegue para justificar esta decisión una supuesta 'enorme repercusión económica', mientras obvian que este mismo fallo es claramente beneficioso para la mayoría de personas de este país, que deben recurrir al crédito hipotecario para acceder a una vivienda. Desde Izquierda Unida entendemos que nos encontramos ante un nuevo caso de arbitrariedad del Poder Judicial, un poder constitucional que en este caso no respeta su propia independencia y se somete al designio de los más poderosos en una actitud, cuanto menos, arbitraria.
Por todo esto, queremos mostrar nuestro rechazo a la inaudita y vergonzosa decisión del Tribunal Supremo de dejar sin efecto su propia sentencia relativa al Impuesto de Actos Jurídicos Documentados. Asimismo, instamos al gobierno municipal a que habilite los mecanismos necesarios para orientar a las vecinas y vecinos que quieran exigir la devolución de la cantidad indebidamente cobrada.
Necesidad de una banca pública
Por último, y en consonancia con nuestra estrategia política, cabe recordar que en IU-Verdes apostamos por un polo de banca pública que impida el chantaje que hace la banca privada. Además es imprescindible que, si este país quiere desarrollar una política industrial coherente, que favorezca a las pymes, facilite el acceso a la vivienda y poner en marcha un nuevo modelo de desarrollo que reduzca el paro y sea sostenible económica y ecológicamente, ponga en marcha una banca pública. Sobre todo, porque España es uno de los pocos países de nuestro entorno que no cuenta con una.
En Alemania, la cuota de mercado de la banca pública llega a alcanzar el 24% y ha demostrado su capacidad de financiar necesidades de investigación e internacionalización. Por eso, es imprescindible paralizar la venta de Bankia, un banco en el que se han invertido más de 22.000 millones de euros de fondos públicos, para orientar al sector a desempeñar un papel como servicio público