Los poderes públicos están obligados a facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social de nuestro país, y en especial de aquellas personas particularmente desfavorecidas, que se encuentran en situación de dificultad y de exclusión social.

Estas personas tienen especiales dificultades para acceder al mercado de trabajo, debido a sus carencias sociales, económicas, educativas y de cualificación laboral, con lo que el ejercicio de un trabajo presenta para ellas numerosos problemas debido a la desmotivación personal, al desconocimiento o abandono de los hábitos sociales y laborales básicos, así como a la carencia de niveles educativos mínimos y la falta de adaptación profesional.

Una nota común a casi todas estas personas en situación de exclusión social es la dificultad que tienen para participar en los mecanismos habituales de formación e inserción laboral. Por eso, desde las Administraciones Públicas es necesario desarrollar acciones de integración encaminadas a que los colectivos que se encuentran en esta situación consigan la inclusión social y laboral.

Por todo esto, son muy necesarias las empresas de inserción, que se definen como aquellas empresas o cooperativas cuya actividad tiene como fin la inserción socio-laboral de personas desfavorecidas para su posterior colocación en empresas convencionales o en proyectos de autoempleo.

En estas empresas se desarrolla una metodología que trata de potenciar las capacidades de las personas a través de los conocimientos técnicos, la habituación socio-laboral y la determinación de las prioridades adecuadas a sus posibilidades y a las del mercado laboral.

Entre las personas que se pueden contratar por estas empresas se encuentran los perceptores de rentas mínimas de inserción o de cualquier otra prestación similar, aquellos que no pueden acceder a estas prestaciones por haber agotado el periodo máximo, los jóvenes entre 18 y 30 años que proceda de instituciones de protección de menores o las personas con problemas de drogodependencia que estén en proceso de rehabilitación.

Para regular este tipo de empresas se promulgó la Ley 44/2007 en donde se establece que las comunidades autónomas dispondrán de un plazo de seis meses para adaptar los requisitos establecidos en la ley referidos a la calificación y registros administrativos. No obstante, desde la Región de Murcia tal previsión nunca se ha llevado a cabo, a pesar de que han transcurrido diez años desde la promulgación de la ley. Otras comunidades autónomas como Galicia, Aragón o el País Vasco sí tienen ya un marco legal donde regulan la calificación y el procedimiento de acceso de estas empresas.

Por todo esto, desde el GM de IU-Verdes en Yecla pedimos al pleno que inste al gobierno regional a elaborar una ley regional de Empresas de Inserción que sirva como un primer paso para conseguir la inserción socio-laboral de las personas en riesgo de exclusión.