El alcalde de Totana, Juan Pagán, comparecerá ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de la localidad el próximo mes de mayo. La citación se produce en el marco de una investigación judicial por un presunto delito de prevaricación administrativa relacionado con supuestas irregularidades en un proceso selectivo para cubrir una plaza de técnico de recursos humanos en el Ayuntamiento.

Un proceso heredado y bajo asesoramiento técnico

En sus declaraciones, Pagán ha subrayado que el proceso de estabilización municipal, que afecta a más de 90 personas entre funcionarios interinos y personal laboral, se inició en la legislatura anterior, concretamente entre los años 2021 y 2022. Según ha explicado, al acceder a la Alcaldía su obligación fue continuar con unos procedimientos ya iniciados, “siempre con arreglo a la ley”.

El regidor ha insistido en que todas las decisiones adoptadas durante el proceso han contado con el respaldo y los informes preceptivos del secretario general del Ayuntamiento, como máxima autoridad jurídica de la institución. “Yo no tengo conocimientos jurídicos; me apoyo en los servicios jurídicos que tiene el Ayuntamiento y, a partir de ahí, tomo las decisiones”, ha afirmado, asegurando que ha actuado con la “conciencia tranquila”.

Origen de la denuncia e investigación judicial

La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada por una aspirante a la plaza. El procedimiento pone el foco en la actuación de una funcionaria que, según la denuncia, habría intervenido directamente en la elaboración y diseño de las pruebas selectivas en las que ella misma participaba como candidata y de las que finalmente resultó adjudicataria.

La magistrada instructora investiga si tanto el alcalde como el secretario municipal pudieron omitir su deber de apartar a dicha funcionaria del proceso selectivo, pese a haber sido advertidos por escrito en reiteradas ocasiones de una posible incompatibilidad. No obstante, el propio auto judicial señala que aún no están determinadas ni la naturaleza exacta de los hechos ni las responsabilidades concretas.

Ante estas circunstancias, Pagán ha asegurado que cualquier escrito, reclamación o advertencia recibida fue puesta en conocimiento de los servicios jurídicos municipales. “Siempre que ha llegado algún escrito, ha sido consultado con el secretario general, que es quien determina si los pasos a seguir se ajustan a derecho”, ha indicado.

Tranquilidad institucional y defensa de la transparencia

El alcalde ha manifestado afrontar la citación judicial con “total tranquilidad”, señalando que no tiene nada que ocultar y que será la justicia la que determine si los actos se ajustaron o no a la legalidad. Asimismo, ha desmentido de forma tajante las acusaciones vertidas por algunos grupos políticos sobre supuestas contrataciones de familiares o personas afines: “Yo no he metido a nadie; entraron las personas que estaban en la lista de estabilización, una lista que yo no decidí”.

En relación con la transparencia del procedimiento, Pagán ha confirmado que el expediente íntegro del proceso selectivo ya ha sido remitido al juzgado, tal y como ha solicitado la magistrada. En cuanto al acceso de los grupos de la oposición a dicha documentación, ha señalado que, si se solicita por los cauces legales y por escrito, se facilitará toda la información requerida, reiterando que en el Ayuntamiento “no se oculta nada”.