En el último pleno llevado a cabo en el Ayuntamiento de Totana, el día 30 de julio de 2020, se ha aprobado la solicitud de una Moratoria y Estudio Científico ante la implantación de la Tecnología 5G en el territorio nacional, según informan desde la Asociación para la Salud en un comunicado.

Esta moción fue presentada por el Grupo Municipal Ganar Totana Izquierda Unida, siendo aprobada con 19 votos a favor y 1 abstención.

Los 19 votos se obtuvieron con los seis integrantes de IU, los seis del PP, los cinco del PSOE, uno de Vox y uno de Ciudadanos. La abstención vino de la mano del representante de la Plataforma Ciudadana Ahora Totana.

La moción está regida por cuatro puntos. El primero de ellos, instar al Gobierno de la Nación a la realización de un estudio científico-técnico a nivel nacional que clarifique si las radiofrecuencias emitidas por la Tecnología 5G tienen efectos negativos sobre la salud, mientras se insta a estudiar una moratoria para su implantación en el territorio nacional.

El segundo punto recoge que el Ayuntamiento de Totana se compromete a solicitar una evaluación ambiental de los planes y proyectos de 5G que se puedan plantear en el municipio.

Su tercer punto recoge el compromiso de las Administraciones Públicas implicadas de informar con total transparencia sobre la posible ubicación de todas las antenas y celdillas que se pudieran instalar.

Y en el cuarto y último punto, se recoge dar traslado del presente acuerdo al Gobierno de la Nación.

Esta moción es la consecuencia a la preocupación de un gran número de vecinos de Totana por la instalación de esta tecnología, según comenta a Totana.com la Asociación para la Salud.

Son ya varios países y municipios que han presentado una moratoria o bloqueado su implantación, entre ellos, Suiza, Bélgica, Australia, Eslovenia, Polonia, El Ayuntamiento de Glastonbury en Reino Unido, El Condado de Clare en Irlanda, más de 14 municipios de Italia, Hawaii, Córcega…

Existen numerosos científicos independientes que llevan años avisando del perjuicio de estas radiaciones. Y otros, casi siempre relacionados con la industria, empeñados en venderla como el único camino al progreso atribuyéndole un sinfín de ventajas.

Pero, si es una tecnología tan inocua como algunos la califican, ¿por qué no hay ni un solo estudio financiado con dinero público y realizado por científicos independientes, que refleje esa transparencia? ¿Por qué el Gobierno de España lleva ya varios años haciendo oídos sordos al Defensor del Pueblo, a diferentes organizaciones y movimientos de ciudadanos independientes que lo único que piden es tecnología segura? ¿Beneficio económico de unos pocos a costa de la salud de todos?

"Tanta pregunta sin resolver es lo que incentiva aún más si cabe las dudas y el perjuicio de esta tecnología", señalan desde la asociación.

"Ahora ha sido nuestro Ayuntamiento el que se ha comprometido a garantizar una tecnología segura para los totaneros, ¿cumplirá sus palabras?", apostillan.