El Ayuntamiento de Totana va a instar a la Universidad de Murcia (UMU) a mantener el precio de las asignaturas suspensas cursadas durante el segundo cuatrimestre o anuales para el año 2020/21 a todo el alumnado suspenso en este curso, coincidiendo con el tiempo del estado de alarma a raíz de la pandemia.

Esta solicitud al rector de la UMU, José Luján, se acordó en la última sesión plenaria, por unanimidad y a iniciativa del Grupo Municipal Ganar Totana-IU; con el fin de no realizar matricula de las asignaturas suspensas en este período.

Durante los últimos meses, España ha vivido una situación excepcional junto al resto de Europa y del planeta, donde aún hoy, se sigue en un estado de “nueva normalidad”.

Esta situación excepcional ha supuesto poner a prueba la parte más humana de las instituciones públicas y privadas, con el propósito de que nadie se quede atrás, y en esa tesitura, es en la que se cree debe estar la institución educativa más prestigiosa de la Región de Murcia.

El rector de la Universidad de Murcia prometió a los casi 30.000 alumnos y alumnas de grado y los más de 2.000 estudiantes de máster, no penalizar si se suspendía alguna asignatura de este segundo cuatrimestre.

De esta manera, los alumnos se podrían matricular en el siguiente curso por el mismo precio que la había pagado en el presente curso, es decir, no incrementando la tasa de matrícula como se hace de forma ordinaria ante un suspenso.

El cuatrimestre fue muy complicado para muchos alumnos murcianos y entre ellos cientos de totaneros, sin acceso a bibliotecas ni salas de estudio, todas ellas restringidas por la emergencia sanitaria que ha sacudido nuestro país, sumando las situaciones personales que hayan podido vivir la gran mayoría al estar en casa con el resto de familiares, con los consiguientes ruidos, estrés y molestias que hayan podido suponer una peor calidad en su estudio.

Tras la convocatoria de junio, el rector de la UMU ha rectificado su palabra dada al alumnado y ha anunciado que únicamente se le aplicará esta medida a aquellos alumnos justifiquen que realmente han sido perjudicados por el COVID-19; algo que deja este tipo de medida en discrecional, y se aleja del modelo que debe seguir una universidad pública, cuyo propósito debe ser el de garantizar la educación superior de una forma universal.