Totana

El Pleno aprueba instar al Gobierno regional a que no se implante la pretendida autorización expresa o "pin parental" en los centros educativos de la Comunidad Autónoma

El Pleno del Ayuntamiento de Totana aprobó, en su última sesión ordinaria, a propuesta conjunta de los grupos municipales Ganar Totana-IU y PSOE, instar al Gobierno regional a que no se lleve a cabo la implantación de la pretendida autorización expresa o pin parental en los centros educativos de la Comunidad Autónoma, asegurando en los mismos la libertad de cátedra y los valores constitucionales fundamentales.

El acuerdo fue establecido con los votos a favor de los grupos Ganar Totana-IU y PSOE, en contra del PP y Vox y la abstención del Grupo Municipal Mixto, que aglutina C´s y Ahora Totana.

La moción se debatió, según recogía su parte expositiva, ante las noticias aparecidas en la Prensa y las declaraciones efectuadas por cargos políticos relevantes del Gobierno regional, se contempla la posibilidad de incluir el pin parental como preacuerdo entre Partido Popular, Ciudadanos y Vox con el objeto de desbloquear y sacar adelante los Presupuestos de la Comunidad para 2020.

Según la moción aprobada, la definición de pin parental o formulario de autorización expresa de actividades complementarias, básicamente consiste en que haya libertad por parte de los padres de poder dar su consentimiento expreso para que los menores participen en actividades complementarias al currículo en los centros educativos.

En la web de VOX se explica dicha autorización expresa sobre cualquier materia, charla, taller o actividad que afecte a cuestiones morales socialmente controvertidas o sobre la sexualidad que puedan resultar intrusivos para la conciencia y la intimidad de los hijos, indica la moción aprobada.

La moción de Ganar Totana-IU y el PSOE señala que independientemente de la dudosa legalidad de estos propósitos ya que el decreto que regula los currículos de Primaria y Secundaria en la Región establece que las actividades complementarias son obligatorias y evaluables, supone la restricción de los derechos fundamentales de alumnos y alumnas, y de la autonomía de los centros educativos.

Tal y como indica la propuesta conjunta, la iniciativa va dirigida, en realidad, contra las charlas afectivo-sexuales que se imparten en los colegios, bloqueando actividades y formación contra la violencia de género, así como la asistencia a contenidos de igualdad LGTBI, por ejemplo.

Por último, se indica que negar la oportunidad de que los alumnos y alumnas conozcan las diferentes opciones en este tema no tiene sentido, así como en un carácter más amplio existe el derecho a recibir información y no a limitarla: hay que crecer en los valores que propugnan los derechos humanos y enseñar en el respeto, se propugna en la moción.

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