El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Totana ha archivado la denuncia por injurias y calumnias del empresario, Manuel Núñez Arias, promotor condenado confeso por la “Operación Tótem”, contra el alcalde de Totana, Juan José Cánovas, por un supuesto delito de injurias y calumnias; y en cuya demanda reclamaba tres millones de euros.

Según ha tenido constancia el Ayuntamiento de Totana, el auto del archivo de la querella determina que no ha lugar a su admisión a trámite y afecta tanto al regidor de Totana y al Consistorio totanero como a Izquierda Unida en Totana y dos portales digitales de ámbito local.

El promotor gallego condenado por el caso “Tótem”, que había firmado un convenio en 2007 con el Ayuntamiento totanero para construir una urbanización con miles de viviendas en El Raiguero, y al que reclama 2,5 millones de euros, acusaba al actual alcalde de mofarse de él a través de las redes sociales y de supuestamente atribuirle varios delitos.

Al  parecer, denunciaba en su querella haber recibido estas acusaciones a través de las redes sociales y la web del partido Izquierda Unida, al que pertenece el primer edil totanero.

El alcalde de Totana ya había asegurado públicamente que “ni en nueve vidas de trabajo honrado, sin estafar a  nadie” podría pagar los tres millones de euros reclamados por el empresario gallego, quien recuerda que “fue condenado por cohecho”; y del que puso en duda ya en su día su legitimidad para interponer esta denuncia contra él.

Juan José Cánovas había afirmado que, respecto a la cifra reclamada como compensación por el supuesto daño causado a su honor, sus ingresos no le permitían afrontar esta cantidad, “porque mis propiedades y salario son públicos y notorios dado que están publicados en la web municipal, y no dispondría jamás de tal dinero”.

El primer edil rechaza también los métodos del empresario por recuperar el dinero que pagó al Ayuntamiento cuando firmó el convenio urbanístico para la recalificación de los terrenos en los que proyectaba su urbanización.

“Este alcalde no va a permitir ningún chantaje ni presiones para que este señor reciba el dinero que pagó de los convenios, y con independencia de sandeces varias e intentos de presión para que el Ayuntamiento le abone los 2,5 millones que entregó por el convenio urbanístico en el que un servidor nada tiene que ver, es muy curiosa ahora la petición del jefe de Nuaria, condenado por el Tribunal Superior de Justicia de forma firme y aceptada por él mismo”, ha apuntado el alcalde.

Cánovas ha recordado que este señor “ya presentó en la anterior legislatura una querella contra la anterior alcaldesa, Isabel María Sánchez” y ha reiterado que “no considero el método lo más correcto y acertado por su parte”.

También ha explicado que hace unos meses ya estuvo reunido con su representante, acompañado por el secretario general de la Corporación, a quien dijo que presentara un escrito razonando y solicitando los motivos por los que se debía estudiar la devolución del dinero, y todavía “se está esperando” en el Ayuntamiento dicho escrito.

Ha añadido que durante la reunión hubo “amenazas veladas de presentación de querellas a las que la respuesta del alcalde fue que presentara las que tuviera que presentar, porque el alcalde no se va a amilanar en ningún caso ante una persona condenada por la Justicia por un caso de corrupción, quien continúa utilizando el nombre de Totana para intentar conseguir lo que debería buscar por otras vías, no chantajeando al alcalde”

El alcalde ya había manifestado al intermediario del promotor gallego que “no podía devolver el dinero entregado al Ayuntamiento presidido por Morales, porque entre otras razones, la Ley me lo impedía”, ha indicado.

El regidor totanero ha afirmado que “quizás, el que invitó a mariscos a políticos corruptos e intermediarios de medio pelo, crea que todos los que están en política, sean unos "chorizos" que van negociando con personas con "tan alto honor"  -a tenor del precio que valoraba su honor-, cohechos millonarios como es el caso de los 3 millones pactados por el cambio de uso de terrenos del Hinojar, en El Raiguero, y que fue descubierto por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil”.