El TUP se ha puesto en contacto con su asesora jurídica para conocer los efectos judiciales de la sentencia nº 1152/2015 de la Sala de lo Contencioso Administrativo respecto a devolución de dos millones y medio de euros a uno de los conveniantes de Totana.
Como consecuencia, desde esta formación, se quiere aclarar lo siguiente:
"La recién conocida sentencia pone en evidencia la negligencia del PP en solucionar un problema gravísimo que se arrastra desde 2006, dedicándose a enfrentarse a los conveniantes y al enorme número de personas que presentaron alegaciones al Plan General.
Con respecto al gobierno municipal de IU y PSOE, el TUP les recomienda que, en vez de rasgarse de forma cínica las vestiduras, sería mejor que, en un rasgo de valentía, transparencia y honestidad política, convoquen un Pleno Extraordinario para explicar de forma honesta lo que ya es de todos conocidos y el pueblo también debe conocer.
En el apartado cuarto de la mencionada sentencia, la Sala dice que el convenio se tiene por aprobado en la orden del 2011, aprobación definitiva del Plan, y el Ayuntamiento en su contestación a la demanda ya dice que “dicha orden inviabiliza el desarrollo del sector y la materialización del convenio en sus términos estrictos”, por tanto se está reconociendo claramente el incumplimiento.
En el apartado quinto de dicha sentencia dice que los términos no se han cumplido en los plazos previstos y entraría en juego la cláusula 12 del convenio, que dicho sea de paso, es igual para todos los convenios. Como consecuencia, y según la sentencia, al no ser aprobados los convenios en esa orden de 2011, todos se pueden acoger a esa cláusula 12 y por tanto nace la obligación de devolver todas las cantidades recibidas con sus intereses.
Como resultado de ello, el Ayuntamiento, que recibió sobre 18 millones de euros, debe devolverlos con los intereses que suman casi 7 millones, a lo que se unen las costas del proceso, gastos de abogados de ambas partes, unos 4 millones, y se encuentra con la friolera de casi 30 millones de euros.
Además, mientras persista la deuda, los intereses corren así que, cuando toque otra devolución, pongamos por caso Las Cabezuelas, que consta que ya está en los juzgados, la cuestión es con qué se va a encontrar el pueblo de Totana.
Si ante esta cruda realidad, el equipo de Gobierno no afronta esta situación en sesión plenaria, planteando soluciones y posiciones claras, estamos ante la pasividad de los gestores públicos y ante un probable colapso económico del Ayuntamiento.
Los tiempos, señor Alcalde, no los puede marcar usted, como afirma en redes sociales, sino que los tiempos se los impone su obligación de actuar y peor aún, los tiempos los impone el reloj de los intereses que siguen corriendo a ritmo vertiginoso y cuyas consecuencias pagaremos todos los totaneros.
Respecto al socio de gobierno del alcalde, el PSOE, recordemos que deben releer aquellas actas de Pleno de noviembre de 2006 y enero de 2007, donde de forma clara advirtieron a los entonces concejales del PP así como a su alcalde, Juan Morales, que “ojo con levantar la mano con que el dinero de los convenios figurase en los presupuestos y se gastara”, exhibiendo tres documentos de dictámenes jurídicos que impedían hacer uso de ese dinero para gasto corriente porque tendría “responsabilidad penal”.
Pues bien, el tiempo ha corrido y nadie ha ido al juzgado a denunciar estos hechos, salvo denuncia en Fiscalía de la concejal no adscrita de la pasada legislatura, pero suponemos que recuerdan aquellos documentos y aquellas actas.
Por tanto, exigimos a unos y a otros que olviden la altivez y la prepotencia, que dejen de tirar balones fuera y enfangar las vidas ajenas, que dejen la demagogia y den el paso al frente que tan bien saben que debieron dar hace tiempo".