El Ayuntamiento de Totana acordó, en su última sesión plenaria de octubre, solicitar al Gobierno de la Nación que suspenda y derogue de forma definitiva la aplicación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

Los concejales aprobaron, por unanimidad, dos de los tres acuerdos en la moción conjunta del PSOE, Ganar Totana-IU y C´s sobre la suspensión inmediata y posterior derogación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

De esta manera, se acordó, por unanimidad, instar al Gobierno de la Nación a suspender la aplicación de la Ley; y además, con los votos a favor del PSOE, Ganar Totana-IU y C´s y en contra del PP, la derogación de forma inmediata de esta norma estatal.

Aún después de muchas negociaciones tanto con la FEMP, como con todos los partidos políticos, asociaciones y colectivos ciudadanos, el Gobierno aprobó en diciembre de 2013 la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, manteniendo el recorte de competencias municipales y no abordando el problema de la autonomía y financiación local.

El Consistorio se opone a esta Ley y, y por tanto, a su actual redacción, al considerar que además de "un atentado a la autonomía municipal consagrada en el Artículo 140 de la Constitución", es también un ataque a los cimientos de la democracia.

Según fuentes municipales, esta norma supone un profundo cambio competencial y estructural en la dimensión de las Administraciones locales hacia una reinterpretación minimalista de la autonomía local, suprime servicios públicos de proximidad que son necesarios y esenciales para la ciudadanía, e incide de forma negativa sobre el empleo público y sobre las condiciones de su personal.

Tras su aprobación más de 3.000 ayuntamientos españoles de todos los signos políticos presentaron un Recurso de Inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra esta ley.

El Tribunal Constitucional ya admitió a trámite el Recurso, lo que supone una buena noticia para el municipalismo, para la ciudadanía, y para el conjunto de empleados públicos.

A esto, se une la falta de claridad respecto a la confección de los presupuestos municipales del año 2016 al no estar claro qué servicios y cuáles no pasarían de unas a otras administraciones, con el riesgo evidente de que se puedan perder prestaciones que actualmente están siendo muy bien gestionadas por los ayuntamientos al no estar garantizada ni su titularidad ni su financiación.

A la vista de estas consideraciones y la falta de desarrollo legislativo que clarifique el próximo e inmediato futuro, Comisiones Obreras insiste en que el Ejecutivo central debería retirar de inmediato esta ley y evitar a la ciudadanía, alcaldes y al conjunto de trabajadores y trabajadoras de la Administración local que soporten los brutales recortes para, después, tener que abordar su difícil subsanación.