Según el Presidente de la Unión de Agricultores y Ganaderos del Bajó Guadalentín (COAG), Isidoro Cayuela, "los agricultores estamos ya hartos, porque el Arruí sigue arrasando cultivos en el interior del parque y la reserva de caza de Sierra Espuña, así como en cientos de hectáreas de cultivos del entorno de Alhama, Aledo, Totana, Mula e incluso Lorca –a veces hasta a 20 o 30 km del Parque– y la dirección del Parque y de Medio Ambiente, no sólo que siguen incumpliendo con la ley, que le obliga a indemnizar a los agricultores afectados, sino que incluso se permiten  colaborar en programas de TVE, presumiendo  y mintiendo sobre los supuestos beneficios que el arruí suponen para el Parque y para la economía y la población de la zona, y ocultando conscientemente los graves perjuicios que el arruí tiene para la flora y la fauna del Parque y para  la agricultura y ganadería del interior y el entorno del Parque, que está generando una cada vez mayor animadversión y oposición al Parque de Sierra ESPUÑA por la población de la zona."

Lo anterior fue la principal razón por la que los agricultores y los propietarios del Parque de Sierra ESPUÑA y su entorno, representados por COAG y APESE, votaron en contra de la aprobación de la memoria y las cuentas de 2013 y el Presupuesto de 2014 del Parque de Sierra Espuña  en la Junta rectora del Parque celebrada esta semana porque, según manifiestan, están ya cansados de que los dirigentes de Medio ambiente y del Parque, incumplan una y otra vez la ley y se gasten cientos de miles de euros  en actuaciones de a menudo dudosa  utilidad y prioridad, sin dedicar ni un solo euro a compensar e indemnizar a los propietarios y agricultores del Parque y su entorno, como les exige la ley, desde hace casi 19 años.

También se mostraron COAG y APESE radicalmente en contra de que se materialice la intención de Medio ambiente y la Dirección del Parque de eliminar las barbacoas de las áreas recreativas de La Santa y en otras zonas del Parque en Alhama, Mula y Totana, así como reducir y eliminar las actuales zonas de acampada; con la supuesta justificación de que este uso pone en peligro el mantenimiento de la biodiversidad y aumenta el riesgo de incendios en el Parque y su entorno.

Según el Presidente  de APESE, a pesar de que más de un tercio de la superficie del Parque y más de un 80% de su entorno es de propiedad privada, la Dirección del Parque  no sólo no se conforma con pretender hurtar y expropiar del disfrute de todos los ciudadanos el uso público del Parque natural más emblemático de esta Región –como ya lo han expropiado el uso de su propiedad a los propietarios privados del interior del espacio– sino que ahora pretenden modificar por decreto los hábitos de miles de ciudadanos y vecinos de la zona, que desde hace muchos años disfrutan de hacer un arroz o una barbacoa en La santa o en otras zonas habilitadas al efecto, que ahora pretenden que reconviertan por decreto sus tradiciones y los sustituyan  por una tortilla de patatas o unos bocadillos.

Porque, según Jose Luis Hernández, "Cualquiera es capaz de entender que hay que prohibir hace fuego en el inicio en el centro y al final del verano. Pero es muy difícil explicarle a los ciudadanos y vecinos de la zona o de la Región  –y sino que hagan una de esas encuestas que tanto les gusta para que les contesten lo que a ellos les interesa– que en noviembre, diciembre, enero o febrero- fechas en las que el riesgo de incendios es casi nulo-no se puede hacer un arroz en La santa o en otras áreas recreativas. Especialmente teniendo en cuenta que en esos mismos meses, hay dos cuadrillas de diez personas, que nos han costado a todos los ciudadanos más de 600.000 euros en 2013, que se dedican, sino en exclusiva si principalmente, a la prevención y extinción de incendios Y que podrían dedicarse a vigilar y controlar esas áreas recreativas, al menos esos seis meses al año, que tienen afortunadamente una nula o muy escasa ocupación."

La Junta rectora del Parque sí que aprobó por unanimidad, a propuesta del representante de Ecologistas en Acción que manifestó compartir totalmente la posición de COAG y APESE al respecto, trasladar al Consejo Asesor Regional de Medio ambiente (CARMA) toda la problemática relacionada con el arruí. Porque, según los dirigentes de COAG y APESE, los directivos del Parque y de medio ambiente se han mostrado hasta ahora incapaces de dar solución a un problema que  no solo ha trascendido claramente del ámbito de los municipios aledaños al Parque sino incluso de la Región, y que han logrado con su incompetencia y su continuo incumplimiento de la ley del Parque, convertir un problema inicialmente solo cinegético, no sólo en un problema medioambiental sino incluso en un conflicto social y económico de graves consecuencias, especialmente para miles de propietarios y agricultores y  para el prestigio  y la imagen del más emblemático espacio  natural de la Región.