El Ayuntamiento de Totana ha puesto en marcha, a través de la Concejalía de Mantenimiento Integral de la Ciudad, un plan inicial para la desinfección de la plaga de mosquitos provocada por el estancamiento de agua en el río Guadalentín, situación que ha provocado malestar entre los vecinos e inconvenientes a la zona del ganado cercano al caudal. Concretamente, se está llevando a cabo este plan de choque en las pedanías totaneras de Lébor, El Paretón y Raiguero.

El concejal de Mantenimiento, Sergio López, ha explicado, que tras la negativa de la Confederación Hidrográfica del Segura esta limpieza, ha sido, una vez más, el Ayuntamiento el que ha tenido que llevar a cabo esta campaña.

López ha recordado que hace más de un mes se solicitó a Confederación Hidrográfica del Segura a que procediera, con la máxima celeridad, a la limpieza de este caudal, ya que la compentecia es exclusivamente suya. Ante la no respuesta del organismo, según el concejal, ha tenido que ser una vez más el Ayuntamiento el que inicie esta campaña.

El edil ha explicado que desde la Concejalía se va a iniciar la limpieza, pero se va ampliar de la mano de los vecinos de la zona, que podrán solicitar más producto insecticida a través de la Concejalía. Para ello se trasladará un técnico a la explotación agrícola, vivienda u otras zonas, para ver la cantidad del producto y la idoneidad del mismo en la zona en la que se pretende echar.

López ha manifestado su malestar, ya que este tratamiento debería de haberse llevado a cabo por el organismo titular del río, la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), pero ante la negativa de llevar a cabo este tratamiento, el Ayuntamiento "como está pasando en muchas ocasiones y con distintas áreas municipales, ha tenido que hacerse cargo de competencias que son exclusivas del Estado y financiarlas, ya que el Gobierno central sólo argumenta que no tienen presupuesto para llevarlas a cabo, cuando siempre lo han hecho".

En este sentido, ha recordado que los totaneros pagan sus impuestos al igual que todos los ciudadanos de España, por lo que deberían tener los mismos derechos y no dejar de tener servicios derivados de una mala gestión económica de las arcas del Gobierno central.