En diciembre de 2019 se constituyó la Oficina de Transparencia y Rendición de Cuentas de la Diócesis de Cartagena, al frente de la cual está como director el sacerdote y doctor en Derecho Carlos Delgado, que es también el delegado de Protección de Datos y el director de Cumplimiento Normativo (Compliance Officer). Durante este tiempo, esta oficina diocesana está trabajando para cumplir con los estándares en materia de Transparencia a los que la Iglesia y el resto de entidades están obligadas por la normativa europea, nacional y regional.

El principal objetivo de esta oficina es ofrecer información en relación a la rendición de cuentas y buen gobierno de la Diócesis de Cartagena, y también dar participación a la feligresía en diferentes procesos, como en el Sínodo de las Familias de 2014, el Congreso Nacional de Laicos del pasado año o el proceso participativo que realizó hace unos meses la Delegación de Catequesis para elegir un logotipo.

«Queremos mostrar qué hacemos con los fondos públicos que recibimos y también a qué se destinan los donativos de los feligreses», explica Carlos Delgado. Para ello, en la página web de la Diócesis de Cartagena hay un espacio destinado a la Oficina de Transparencia y Rendición de Cuentas en la que se ofrece información de carácter institucional, económico y jurídico.

Desde su creación, esta oficina diocesana está trabajando en dos líneas. Una de ellas es la formación de los sacerdotes en materia de Transparencia, Protección de Datos y Cumplimiento Normativo. «Estamos participando en las reuniones que el obispo está manteniendo con los sacerdotes de los diferentes arciprestazgos para ofrecer formación en estas materias, ya que todas las entidades privadas deben tener prácticas de buenas costumbres y ese mapa de riesgos para evitar que se puedan producir ilícitos de carácter penal».

Por imperativo del Derecho Canónico, las parroquias han de rendir cuentas al obispo, al igual que las entidades menores (hermandades y cofradías, fundaciones, asociaciones de laicos, y órdenes religiosas de constitución y derecho diocesano). Esa sería la segunda línea de actuación. A finales del año pasado la Oficina de Transparencia y Rendición de Cuentas comenzó a elaborar una base de datos de los distintos tipos de entidades menores para, en función del régimen jurídico que a cada una le corresponde, contactar con ellas para iniciar una tarea de concienciación, acompañamiento e información de cómo tienen que rendir cuentas, ayudando a aquellas que no tengan personal, formación y medios para que lleven a cabo esa tarea. «Hemos hecho un muestreo aleatorio con una entidad de cada uno de los tipos y ahora está finalizando la recepción de la documentación para su auditoria. Hasta el momento, los resultados son muy buenos, porque no hemos encontrado nada irregular», señala Carlos Delgado.

En los últimos meses, la Oficina de Transparencia y Rendición de Cuentas ha publicado en la web diocesana diferente documentación, como los manuales donde se regulan las inversiones financieras o las indicaciones en prevención de blanqueo de capitales para que no se puedan producir esos delitos. «La intención es que cualquier donativo que se reciba cumpla con una serie de requisitos y limitaciones, en función de la cuantía, para evitar que se puedan producir esas actuaciones ilícitas de blanqueo de capitales o inversiones que no sean correctas».

Transparencia que llega hasta los límites que establece la Protección de Datos, «dos caras de la misma moneda» según Delgado, de manera que sea posible ofrecer información sobre la actividad de la Iglesia diocesana, pero con los límites determinados por la Protección de Datos, según la última normativa de la Unión Europea y la ley orgánica a nivel estatal, que son de obligado cumplimiento para todas las entidades.