La sección sindical de UGT Policía Local en el Ayuntamiento de Santomera se encuentra en pie de guerra por el impago de atrasos al colectivo que asciende a más de medio millón de euros desde hace 10 años y que ha sido avalada por sentencia judicial.

Los hechos se remontan a 2017, cuando se reclamó ante el Contencioso Administrativo el pago de diversos conceptos retributivos desde 2013 y cuyo resultado fue una sentencia a favor de la Policía Local. Entonces, la Corporación municipal llegó a un acuerdo por el que se pagarían dichos atrasos a lo largo de 4 años, unos 300 mil euros por aquel entonces.

No obstante, este acuerdo se rompe y se inicia un periplo judicial de varios años, en el que se ratificó dicha sentencia en diversas ocasiones y el tema llega hasta el Tribunal Supremo en 2021, que desestimó las alegaciones del Ayuntamiento en octubre de 2022.

El colectivo de Policía Local se siente engañado y acusa a la concejala de Hacienda, Personal, Régimen Interior y Derechos Sociales, Paloma Cánovas, no solo de romper acuerdos y hacer y deshacer a su antojo, sino de incumplir las sentencias judiciales, por lo que exige su inmediata dimisión por su incompetencia manifiesta.

Además, consideran que la concejala, con su negativa a acatar las sentar los fallos judiciales ha creado un gasto innecesario a las arcas judiciales, a pesar de saber que no tenía razón, a través de los distintos procesos que han llevado a cabo y que suponen un 'suma y sigue' en el acumulado que ya deben al colectivo.

Por todo ello, y tras tres meses de silencio, piden al Gobierno municipal que asuma de forma efectiva e inmediata la sentencia y que paguen lo que se les adeuda al colectivo.

Condiciones precarias en dependencias policiales y vehículos.

Por otra parte, desde la sección sindical de UGT Policía Local ha puesto en conocimiento de la Corporación municipal las precarias condiciones de trabajo y el pésimo estado de los vehículos, que pasan más tiempo en el taller que circulando, y las necesidad de creación de unas dependencias policiales en condiciones, donde se pueda atender a un vecino sin que esté en el mismo lugar que un detenido, con estacionamiento privado, tanto para los vehículos policiales como para los particulares.

También se ha comunicado la necesidad de que haya un agente en base para poder atender a los vecinos, pues es el lugar de referencia del ciudadano en caso de necesidad, dado que, actualmente, por la tarde y noche no hay agente de puertas.