Las 56 familias afectadas continúan sufriendo el cierre de la compañía a la espera de que el Ayuntamiento de Santomera tenga a bien otorgar la preceptiva cédula de compatibilidad urbanística, cuyo trámite está sufriendo un retraso injustificado y contrario a los plazos legales

Los empresa ARIMESA asegura que el contencioso con el Ayuntamiento de Santomera se mantiene porque los tribunales sólo avalan la denegación de la suspensión cautelar de la orden de cierre, a la espera de la concesión por parte del Ayuntamiento de la cédula de compatibilidad urbanística,que debería estar ya otorgada.

La alcaldesa del PSOE, Inmaculada Sánchez, aseguró en enero pasado que en poco tiempo estaría todo resuelto por parte del Ayuntamiento a favor de la actividad lícita de la compañía. Los propios Letrados municipales lo manifestaron ante el Juzgado que conoce del asunto. Para la empresa y los trabajadores, la primera edil de los socialistas ha vuelto a jugar con los plazos legales a su antojo, requiriendo informes que no son necesarios y una vez obtenidos, y siendo favorables a la empresa, retrasando injustificadamente la concesión de la cédula, sin cuyo trámite la empresa no puede obtener una autorización definitiva para ejercer una actividad a la que legalmente tiene derecho. 

Las 56 familias afectadas continúan sufriendo el paro por el cierre a la espera de que el Ayuntamiento socialista cumpla con su obligación, ya que todas las instancias administrativas han dado los permisos necesarios a excepción del trámite administrativo obligatorio del Consistorio santomerano, que castiga a los empleados sin razón alguna.

La autorización para la legalización de la actividad de ARIMESA ha superado todos los trámites administrativos autonómicos, incluidos los ambientales más exigentes, habiendo aportado informes de todo tipo sobre las posibles y teóricas afecciones de la actividad, y habiendo sido consultados todos los organismos con competencia en la materia, incluidos departamentos de otras Comunidades Autónomas. Solo el injustificado e injusto retraso municipal en la concesión de la preceptiva cédula de compatibilidad urbanística está impidiendo que una actividad legal pueda ejercerse y que muchas familias puedan mantener sus puestos de trabajo. 

Desde un primer momento las decisiones municipales, en este tema, han ido dirigidas a impedir que ARIMESA continúe su actividad, comenzada hace más de 40 años. Mientras, otras empresas consiguen en pocos días lo que ARIMESA lleva años intentando conseguir.

Los alrededor de 200 afectados de manera directa e indirecta, y a la espera de la reapertura, viven con ansiedad la incertidumbre sobre su futuro.