Ecologistas en Acción considera imposible la concesión de licencia municipal a la cantera de ARIMESA sin una evaluación previa de las repercusiones de la actividad en los espacios de la Red Natura 2000 cercanos. La cual, a día de hoy, sigue sin haberse realizado, inexplicablemente. Las reticencias de la empresa a realizar la evaluación ambiental sólo se explican por un empeño de evitar cualquier limitación a sus expectativas de crecimiento a costa del valioso entorno natural circundante.

La cantera de áridos, situada en el paraje del Puerto del Zacacho, en la Sierra de Santomera, es propiedad de la mercantil Áridos del Mediterréano, SA (ARIMESA), y se encuentra situada en las proximidades de dos espacios protegidos de la Red Natura 2000: el Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) y la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de la Sierra de Orihuela.

La organización ecologista considera que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia excluyó premeditadamente la parte murciana de la Sierra de Orihuela, cuando envió a Bruselas las propuestas de LIC y ZEPA a principios de la década de 2000. Y lo hizo a pesar de que la parte murciana posee los mismos valores botánicos y faunísticos, e incluso superiores, que la parte alicantina, la cual si fue declarada LIC y ZEPA por la comunidad vecina.

Por su lado, en un artículo de opinión publicado en febrero de este año, la empresa que quiere explotar la sierra de una punta a otra, atravesándola de parte a parte, declaró que su expediente “ha sido examinado por los órganos ambientales de la Comunidad Valenciana, sin que hayan encontrado afección significativa para la Sierra”[1].

Sin embargo, Ecologistas en Acción ha tenido acceso a varios documentos administrativos que demuestran que ninguna de las dos Comunidades Autónomas, ni la Región de Mucia, pero tampoco la Generalitat Valenciana, han sometido el proyecto minero de Arimesa a una evaluación de afecciones sobre la Red Natura 2000, por lo que las afirmaciones del reprensentante de la empresa, D. José García Balibrea, y al mismo tiempo de los trabajadores (como en los antiguos sindicatos verticales), no son en absoluto ciertas.

La organización ecologista advierte que la evaluación de afecciones sobre la Red Natura 2000 de los planes y proyectos que puedan afectarles, como sin duda es el caso de la cantera del Zacacho, es una obligación legal inexcusable establecida en la Directiva europea de Hábitats y en la Ley estatal de Patrimonio Natural y Biodiversidad. Y recuerda que la Orden de la Consejería de Fomento de 7 de agosto de 2008 condicionó el visto bueno a la cantera, pero supeditado a que debía justificarse “que no se produce impacto paisajístico y ambiental negativo”.

De hecho, tras la denuncia de esta asociación ecologista a la Fiscalía de Medio Ambiente, el entonces Consejero Bernabé reconoció prudentemente que debía ser el Ayuntamiento de Santomera el que ratificara la validez de las decisiones del Consejero, “con las correspondientes autorizaciones sectoriales y ambientales de las administraciones con competencias concurrentes, e incluso con la incorporación de las rectificaciones que se considerasen procedentes”[2].

La documentación a la que ha tenido acceso Ecologistas en Acción revela que el proyecto minero de ARIMESA carece de la Evaluación de Repercusiones sobre la Red Natura 2000, requisito esencial para que pueda ser aprobado.

De hecho, aunque las dos Comunidades Autónomas estiman necesario el trámite de evaluación de repercusiones sobre la Red Natura 2000, cada una de ellas considera que dicha evaluación debería realizarla la otra Comunidad Autónoma, por lo que ninguna de las dos lo ha realizado hasta el momento.

Ecologistas en Acción destaca, asimismo, la labor de los técnicos de Medio Ambiente de la Comunidad de Murcia en cuanto a la necesidad de una evaluación ambiental de la modificación del Plan General Municipal de Ordenación de Santomera.

En efecto, en fecha 18 de abril de 2016, los técnicos de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, contestando a una consulta del Ayuntamiento de Santomera, informaron que “El informe de la Subdirección General de Medio Natural de fecha 16 de marzo de 2015 que se recoge en la Orden de 2 de junio de 2015 del Excmo. Señor Consejero de Fomento (….) se ciñó al análisis y valoración del estudio “Hábitats y Flora de Interés Comunitario. Concesión Minera el Zacacho”, (….), y se emitió exclusivamente para valorar el último estudio presentado por la mercantil en relación a los posibles efectos sobre los hábitats naturales y la flora protegida derivados de la explotación del frente Sur de la cantera “El Zacacho”. (…) Hay que tener en cuenta, por tanto, que el informe de la Subdirección de Medio Natural fue de carácter sectorial sobre unos aspectos muy concretos aunque de gran importancia para marcar el avance equilibrado de la explotación, determinando lo que sería asumible desde el punto de vista de conservación de los hábitats y las especies de flora protegida, pero no desde todos los aspectos de medio natural que pudieran ser necesarios considerar”, entre ellos lógicamente la evaluación de afecciones sobre la Red Natura 2000.

Asimismo mediante escrito de 29 de noviembre de 2016, los citados técnicos determinaron que “los informes que permitirían una valoración completa y adecuada sobre la incidencia ambiental de la actividad serían los propios o equiparables a un procedimiento de evaluación ambiental”, evaluación ambiental a la que se niegan en la Consejería de Fomento.

Por todo ello, Ecologistas en Acción se dirigió en marzo a las autoridades de la Comunidad y del Ayuntamiento pidiéndoles que se abstengan de modificar el Plan General de Santomera ignorando el informe del órgano ambiental competente que demanda una evaluación ambiental, así como el informe del órgano competente en materia de Red Natura 2000.

Mientras, la actitud de la empresa sigue siendo la de intentar evitar la evaluación de repercusiones sobre la Red Natura 2000, para lo cual no duda en atacar a todo colectivo o administración que se oponga a sus intereses. Sin embargo, la justicia está ratificando sentencia tras sentencia las tesis de esta organización. La última, la sentencia que desestimaba la denuncia de ARIMESA contra la Alcaldesa de Santomera, el Concejal de Urbanismo y el Arquitecto municipal, por presunta prevaricación[3], la cual Ecologistas en Acción considera positiva, puesto que el Ayuntamiento por primera vez en muchos años está siguiendo el camino de la legalidad que ni la Comunidad Autónoma ni gobiernos locales anteriores quisieron recorrer.