La alcaldesa de Santomera, Inmaculada Sánchez Roca, el concejal de Urbanismo, Joaquín Rubio, y el arquitecto municipal, Tomás Franco, no prevaricaron contra la cantera que Arimesa ha venido explotando en el paraje del Zacacho. Así lo ha determinado, con toda rotundidad, el titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Murcia, para quien no ha sido necesario siquiera tomarles declaración en calidad de investigados antes de archivar la querella presentada por la mencionada mercantil.

La querella ahora archivada acusaba de un delito de prevaricación por omisión tanto a la regidora socialista como a su primer teniente de alcalde, de Alternativa por Santomera, y al arquitecto municipal. Sin embargo, el juez ha dictado en contra de la parte denunciante y desacredita que el Ayuntamiento haya obstruido deliberadamente la concesión de la cédula de compatibilidad urbanística que Arimesa necesita para obtener la autorización ambiental única y, con ella, una nueva licencia de actividad. En este sentido cabe reseñar que una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia ordenó en 2015 el cierre de las instalaciones de la cantera por carecer de una licencia de actividad válida, puesto que la emitida en 1974 por el Gobierno Civil Santomera era por entonces una pedanía de Murcia solo les permitía la trituración y clasificación de áridos, pero no así las actividades extractivas propias de una cantera.

La Fiscalía tampoco duda

Aunque la resolución puede ser apelada, las conclusiones del juez son bastante contundentes: "No ha podido resultar debidamente justificada la perpetración del delito que pretende se les impute a los querellados", subraya, indicando también que "si bien es cierto que estos intervinieron en algunas de las resoluciones administrativas oportunas, en modo alguno se colige que actuasen o incurrieren a sabiendas de su injusticia y con arbitrariedad". En la misma línea se ha manifestado el Ministerio Público, que no da por acreditados los hechos y recuerda en su escrito que el Consistorio ha emitido de hecho varias cédulas de compatibilidad. "Es evidente que existe un conflicto grave entre la empresa, que lucha para que no le cierren la empresa en virtud de la ejecución de una sentencia firme que así lo acuerda, y el Ayuntamiento, que intenta ejecutar un cierre en cumplimiento de una resolución judicial y cumplir con la emisión de la cédula de compatibilidad urbanística", recalca el fiscal. "No podemos ni debemos someter a los investigados a la pena de banquillo por la existencia de un conflicto entre las partes descritas".

La Fiscalía tampoco duda

Tanto la regidora municipal como su primer teniente de alcalde han comparecido esta mañana ante los medios para valorar el auto que da carpetazo al asunto, fechado el pasado viernes y del que tuvieron conocimiento a última hora de ayer. En su resolución, el instructor anula el auto con el que decidió abrir diligencias contra la regidora socialista y su primer teniente de alcalde, de Alternativa por Santomera, y ordena el sobreseimiento provisional de la causa.

"Se demuestra que teníamos razón cuando dijimos que todo esto correspondía a la acción de la empresa, interesada solo en dañar la imagen del equipo de Gobierno a través de una estrategia de acoso y chantaje. También se demuestra que este Ayuntamiento respeta la ley, que nadie nos va a mover de ese cumplimiento estricto y nunca vamos a participar de apaños de despacho", han señalado Roca y Rubio. "Al final estos tres años nos han quitado mucho tiempo, pero lo importante es nuestra gestión, que hoy queda avalada mucho más como decente y honesta, que ha reducido la deuda, que ha hecho que nuevas empresas se instalen en el municipio, que ha reducido el paro, que ha dotado a los colegios de mejores instalaciones, que ha recuperado patrimonio y revitalizado por igual los barrios del municipio", han añadido.

Por último, han exigido al propietario de la empresa, José García-Balibrea, unas "disculpas públicas al pueblo de Santomera por haber arrastrado su nombre en la defensa de unos intereses particulares que llevan dañando nuestro patrimonio más de cuarenta años en una situación de ilegalidad sobre la que no cabe duda". También han señalado al PP y Ciudadanos, "por haberse plegado a esos intereses particulares y no al bien común del municipio. Por último, han agradecido "el apoyo de las personas que siempre han estado con nosotros: nuestro equipo de Gobierno, nuestras familias, nuestros vecinos y vecinas y nuestros compañeros y compañeras de partido".