El Pleno del Ayuntamiento de San Javier del mes de enero aprobó con los votos del Grupo Municipal Popular, un acuerdo en el que se insta al Gobierno de España a que promulgue una Ley de protección de la maternidad y de los derechos de las mujeres en la que se recojan ayudas para madres con economías precarias en materia de vivienda, guarderías y colegios, así como asistencia psicológica y social.
La moción del Grupo Popular en el Ayuntamiento de San Javier que originó el acuerdo de Pleno referido fue presentada tras la publicación de las últimas cifras oficiales de abortos producidos en España, que informan de un total de 108.690 abortos durante el año 2013, lo que implica, debido a la disminución del número de embarazos totales, que uno de cada 5 embarazos han terminado en un aborto, exactamente un 20,35%, siendo esta la proporción de abortos más alta de nuestra historia.
La moción que defendió el portavoz popular, José Manuel Alarte, solicita, asimismo, al Gobierno de España que derogue la actual Ley 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo "adoptada sin demanda social ni consenso alguno" , así como que se vuelva a una regulación del aborto en términos similares a los que establecía la anterior ley en vigor, la Ley Orgánica 9/85, basada en un modelo de supuestos de despenalización y no de plazos, solicitándose, además, la obligación del consentimiento de los padres o tutores para el aborto en menores de edad y que se tenga en cuenta la opinión del otro miembro de la pareja.
"Los cinco años de vigencia de la Ley actual en España constatan un rotundo fracaso de la misma, que reconoce como un derecho algo que es perjudicial, en si mismo, tanto para la vida del pre-nacido, a la que se pone fin en ese acto, como para la propia mujer, por los problemas de salud de todo tipo que tal actuación puede originarle", indicó Alarte, considerando necesaria la elaboración de una Ley de protección de la maternidad, en los términos descritos, tras el anuncio del Presidente del Gobierno de su intención de no seguir adelante con la reforma de la regulación del aborto en todos sus aspectos, tal como se comprometió el Partido Popular.
Alarte destacó, asimismo otros perjuicios ocasionados por la actual legislación como la creciente utilización del aborto como método de planificación familiar y la limitación de la objeción de conciencia del personal sanitario al no respetar la objeción sobrevenida, entre otras muchas y justificó la presentación de esta moción por "coherencia con la defensa de la vida y de los derechos humanos de todos, incluidos los no nacidos, entendiendo como prioritaria la necesidad de adoptar medidas urgentes que promuevan y refuercen la protección de la maternidad y de los derechos de las mujeres embarazadas que ayuden a evitar situaciones que puedan terminar en la decisión de abortar".