El Sindicato de Enfermería traslada a la OIT, dependiente de Naciones Unidas, que en Murcia y en toda España se ha producido una grave vulneración de importantes derechos fundamentales que reconocen todas las instituciones y normativas nacionales e internacionales, como son el derecho a la salud, a la vida o a la seguridad en el trabajo.

SATSE subraya que "se ha actuado tarde y una vez constatadas graves situaciones de desabastecimiento generalizado en los centros sanitarios y sociosanitarios de todo el Estado, lo que denota una total falta de previsión que no es justificable en modo alguno, teniendo en cuenta, además, la referencia y experiencias previas de otros países en los que la pandemia llegó varias semanas antes".

El Sindicato de Enfermería, SATSE, ha denunciado ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), dependiente de las Naciones Unidas, la falta de protección que sufren los trabajadores sanitarios a la hora de atender y cuidar a las personas contagiadas o sospechosas de tener el Covid-19, lo que pone en grave riesgo su salud y la de las personas de su entorno más cercano (pacientes, familiares y compañeros de trabajo).

Tras la denuncia ya realizada a la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA), SATSE se ha dirigido también a la OIT, organismo especializado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que se ocupa de los asuntos relativos al trabajo y las relaciones laborales, para darle a conocer la grave situación de desprotección e inseguridad que están sufriendo los profesionales sanitarios de nuestro país, entre ellos, las enfermeras y enfermeros, y pedirle que tome cartas en el asunto para acabar con esta lamentable realidad.

En el relato de los hechos que argumentan la denuncia a la Organización Internacional del Trabajo, SATSE concluye que en Murcia, así como en el resto del país no se ha actuado con la diligencia, previsión y premura necesaria para que las enfermeras y enfermeros que se encuentran en primera línea de batalla contra el coronavirus, al igual que el resto del personal sanitario, puedan disponer de los equipos de protección individual (EPIs) que todas las normativas y protocolos establecidos al respecto exigen utilizar para preservar su salud.

"En España se ha producido una grave vulneración de importantes derechos fundamentales de las personas que reconocen todas las instituciones, como las Naciones Unidas, y todas las normativas nacionales e internacionales, como son el derecho a la salud, a la vida o a la seguridad en el trabajo", asegura el Sindicato de Enfermería

La organización sindical reitera en su denuncia ante la OIT que desde primeros del pasado mes de febrero estaba claro que el contagio no estaba controlado pero no es hasta casi dos meses después, a finales de marzo, cuando desde el Gobierno se han formalizado contratos de compra de material sanitario (mascarillas, guantes y material de protección, test rápidos y equipos de respiración) para hacer frente al coronavirus.

"Se ha actuado tarde y una vez constatadas graves situaciones de desabastecimiento generalizado en los centros sanitarios y sociosanitarios de todo el Estado, lo que denota una total falta de previsión que no es justificable en modo alguno, teniendo en cuenta, además, la referencia y experiencias previas de otros países en los que la pandemia llegó varias semanas antes", apuntan desde SATSE.

Por ello, y al igual que hizo con la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, SATSE ha pedido a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que inicie el expediente correspondiente para depurar las oportunas responsabilidades por los daños y perjuicios ocasionados y que exija al Estado español que proceda con carácter inminente a la dotación de las medidas de seguridad necesarias a los trabajadores sanitarios.

El Sindicato de Enfermería seguirá dirigiéndose a todos los organismos e instituciones internacionales que considere oportuno para denunciar la grave situación que están sufriendo los profesionales sanitarios españoles en su lucha contra el Covid-19, al tiempo que mantiene sus denuncias sobre esta lamentable realidad a nivel estatal y en el conjunto de las comunidades autónomas.