La comunidad autónoma de Cantabria y la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), en colaboración con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), organizan las XXII Jornadas de encuentro entre profesionales de la Administración de Justicia y de la comunidad trasplantadora que se celebran estos días en Santander.
Se trata de un programa de formación impulsado por el coordinador autonómico de trasplantes de Cantabria, Eduardo Miñambres, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, José Luis López del Moral, en el que participan tanto profesionales de Justicia, como miembros de los equipos de coordinación y trasplante de las diferentes comunidades autónomas. Con él se pretende estrechar la relación entre ambos grupos profesionales para que su labor sea complementaria, ya que las dos figuras son clave en el liderazgo español en donación y trasplante a nivel mundial.
Estas jornadas permiten presentar todas las novedades terapéuticas y tecnológicas que se incorporan a la práctica diaria en el campo de la donación y trasplante de órganos para que sean conocidas de primera mano por jueces y forenses.
Entre el 19 y el 21 de febrero se expondrán los últimos datos de donación y trasplante en España, así como la evolución de las intervenciones judiciales en procesos de donación. De los 2.302 donantes fallecidos que se registraron en 2019, 426 pasaron por procedimientos judiciales, alrededor del 20%, un porcentaje que se mantiene estable a lo largo de los últimos años. En función del tipo de donante, se requirió la participación judicial en el 20% de los donantes en muerte encefálica, el 51% de los donantes en asistolia no controlada y el 13% de los donantes en asistolia controlada.
Perfil del donante judicial: varón fallecido por traumatismo craneoencefálico
Con respecto a las características de los 426 donantes que requirieron autorización judicial, la mayoría eran varones (70%) y su media de edad de 52 años, inferior a la del global de donantes de órganos (61 años), probablemente por sus diferentes causas de fallecimiento. De hecho, el traumatismo craneoencefálico no relacionado con accidentes de tráfico fue la causa de fallecimiento en el 40% de los casos y el traumatismo por accidente de tráfico en el 22%. Estos porcentajes son del 9,5% y del 4,4%, respectivamente, en el global de donantes. Los donantes judiciales permitieron realizar 1.099 trasplantes en el año 2019.
En lo que respecta a las actuaciones judiciales en estos casos, el pasado año se registraron 18 negativas judiciales a la donación, un 4%. Este bajo porcentaje de casos en los que se considera que la donación podría interferir con la investigación judicial se mantiene estable a lo largo del tiempo.
El papel de los jueces
Durante el proceso de donación, el juez interviene en los supuestos en los que la muerte haya dado lugar al inicio de una investigación penal sobre sus causas. Está motivada por un accidente, un posible homicidio o un fallecimiento no certificado en el que deba realizarse una autopsia judicial para determinar su origen. En el resto de supuestos, el juez de instrucción penal no interviene.
Su participación se inicia tras la presentación de una solicitud de autorización por parte del coordinador de trasplantes. El médico forense, adscrito a los órganos judiciales como perito, ha de determinar si la extracción de órganos puede interferir en el proceso de investigación de las causas de la muerte y elaborar un informe que permita al juez decidir si la donación puede o no entorpecer la investigación.
En lo que respecta al donante vivo, interviene el juez de primera instancia y sus acciones buscan comprobar que el consentimiento otorgado por el donante para la extracción de uno de sus órganos es voluntario y libre. El documento de cesión del órgano se otorga por este magistrado tras la comparecencia en sede judicial del donante, así como de todos los médicos que intervienen en el proceso. Todo ello refuerza la garantía y seguridad del procedimiento.