"La reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre el Trasvase Tajo-Segura demuestra que los derechos de los regantes se respetan y no pueden recortarse por sistema desde la planificación hidrológica", añade
El diputado regional del Partido Popular Jesús Cano ha exigido hoy en la Asamblea Regional, a través de una moción, al Gobierno de España "que deje de aplazar soluciones y recortar derechos y provea de recursos alternativos de los acuíferos sobreexplotados a través del Trasvase Júcar-Vinalopó". Son unos municipios que "llevan décadas soportando la sobreexplotación estructural de sus acuíferos sin recibir las infraestructuras necesarias para revertir esa situación".
Cano ha señalado que "la propia documentación técnica de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) reconoce la gravedad del problema hídrico que sufre el Altiplano y la Comarca Oriental", y ha advertido de que "las aguas subterráneas sostienen miles de empleos y una actividad económica fundamental para estos territorios, por lo que no se puede seguir mirando hacia otro lado".
"El Trasvase Júcar-Vinalopó es la solución planificada y técnicamente avalada para aportar recursos regulados que permitan reducir la presión sobre los acuíferos", ha remarcado el parlamentario autonómico en sesión plenaria. "No estamos hablando de una propuesta improvisada, sino de una infraestructura estratégica que lleva años pendiente de una verdadera voluntad política por parte del Gobierno de la Nación", ha añadido.
El diputado del PP ha denunciado además "el lamentable estado del embalse de San Diego y de la conducción del Júcar-Vinalopó", ya que "actualmente se pierde hasta un 80% del agua por la falta de mantenimiento y operatividad de estas infraestructuras". "Mientras Yecla, Jumilla, Fortuna y Abanilla se secan por abajo, el agua se pierde por arriba, y eso no es gestión hídrica, es negligencia", ha afirmado.
Cano también ha rechazado "los intentos de plantear la desalación como alternativa para el Altiplano", ya que "hablamos de municipios situados a más de cien kilómetros de la costa y a más de 600 metros de altitud, lo que convierte esa opción en económicamente inviable para el uso agrícola". "La propia CHS reconoce que son zonas desconectadas del sistema principal de la demarcación y sin fuentes alternativas de suministro", ha apostillado.
Asimismo, el diputado regional ha advertido de que "el Gobierno pretende abrir la puerta a una revisión encubierta de derechos concesionales mediante el nuevo ciclo de planificación hidrológica", algo que, según ha explicado, "no puede hacerse al margen de los procedimientos legales establecidos en la Ley de Aguas". "Mientras no existan recursos alternativos suficientes y a un coste asumible, ningún agricultor puede verse privado de unos derechos legítimamente adquiridos", ha defendido.
Sentencia del Tribunal Supremo sobre el Plan Hidrológico del Segura
En relación con la reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre el Plan Hidrológico del Segura y el Trasvase Tajo-Segura, Cano ha subrayado que "el alto tribunal lanza un mensaje muy claro al Gobierno: no todo vale cuando se trata de gestionar el agua". "La resolución deja claro que no se pueden redefinir unilateralmente los derechos de los usuarios desde la planificación general y obliga a replantear esta cuestión en el próximo ciclo hidrológico", ha explicado.
"El Partido Popular de Fernando López Miras va a seguir defendiendo con firmeza el agua como un derecho esencial y una infraestructura estratégica para el presente y el futuro de la Región de Murcia", ha concluido Cano. "Nuestros agricultores han cumplido siempre, modernizando regadíos y mejorando la eficiencia hídrica, y lo mínimo que merecen es que el Estado cumpla también con su obligación de garantizar soluciones reales y estables para estos municipios", ha finalizado.