Región

Los servicios mínimos impuestos por la Consejería de Educación a sus educadoras infantiles son abusivos

Los servicios mínimos para la huelga del 7 de mayo de las Educadoras Infantiles de las Escuelas de primer ciclo y aulas de dos años de la Consejería de Educación de la Región de Murcia son un abuso.

Hoy lunes 27 de mayo en la *reunión de negociación con la Consejería de Educación sobre servicios mínimos de la huelga del 7 de mayo,* La Administración ha planteado unos servicios mínimos que no se ajustan a garantizar el derecho a la huelga del personal del aula de 2 años y de las escuelas infantiles de la CARM.

Comisiones Obreras ha planteado una propuesta para garantizar el derecho a la huelga del próximo 7 de mayo del personal del aula de 2 años y de las escuelas infantiles de la CARM. Sin embargo, la Administración las ha rechazado expresamente sin contrarrestar nuestros argumentos, basándose exclusivamente que son los servicios mínimos desde hace 30 años.

En boca de Virginia Olivera "La imposición de unos servicios mínimos abusivos que limitan el ejercicio efectivo del derecho de huelga, no puede desanimar a las trabajadoras y trabajadores, ahora más que nunca ahí que secundarla y a apoyar las reivindicaciones del ciclo 03 en el momento actual".

CCOO vamos a denunciar estos servicios mínimos. Consideramos que no garantizan ningún equilibrio, sino que mantienen prácticamente la actividad ordinaria, vaciando de contenido un derecho fundamental como es la huelga, especialmente en una etapa no obligatoria como el 03.

La ratio impuesta por la Consejería de Educación es:

- Para sus 14 Escuelas Infantiles: La directora y una educadora por aula.

- Para las aulas de dos años de los centros de infantil y primaria: 1 educadora por aula.

Las educadoras reclaman dignidad para el primer ciclo educativo de la infancia, en palabras de Reclaman: Bajada de ratios, la pareja educativa, actualizar la normativa del primer ciclo, personal especializado para el alumnado con necesidades educativas especiales, financiación pública para garantizar la gratuidad universal y la calidad educativa, reconocimiento y respeto por parte de toda la sociedad y administraciones.

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