El Ejecutivo regional defiende la operatividad de los puertos y reclama menos trabas administrativas en la normativa estatal. Por esta razón, la Comunidad ha presentado alegaciones al proyecto de Real Decreto por el que se regula el informe de compatibilidad y se establecen los criterios de compatibilidad con las estrategias marinas.
El director general de Litoral y Puertos, Pablo Marín, explicó que "compartimos el objetivo de simplificar la normativa y reducir cargas administrativas, pero el texto planteado va en sentido contrario en aspectos clave y puede dificultar la gestión diaria, la operatividad y la viabilidad de los puertos de la Región".
Marín subrayó que "desde el Gobierno regional vamos a defender un marco normativo equilibrado, que proteja el medio marino pero que también permita una gestión eficaz y ágil de nuestros puertos, fundamentales para la economía y el desarrollo del litoral".
Entre las principales alegaciones, el Ejecutivo regional solicita que queden excluidas del informe de compatibilidad las actuaciones menores y de mantenimiento que se realizan dentro de las aguas interiores de los puertos deportivos y autonómicos. Según Marín, "se trata de espacios altamente transformados, donde estas actuaciones no tienen impacto real sobre el medio marino, pero sí son esenciales para garantizar el funcionamiento y la seguridad de las instalaciones".
Asimismo, el Gobierno regional plantea que los dragados de conservación y los de emergencia no estén sujetos a este trámite o, al menos, cuenten con un régimen más ágil. "No podemos permitir que actuaciones urgentes o rutinarias queden paralizadas durante meses por procedimientos que no aportan valor ambiental y sí generan retrasos", señaló el director general.
Otra de las cuestiones que centra el rechazo autonómico es la ampliación del plazo para emitir el informe de compatibilidad, que pasaría de 30 a 60 días. En este sentido, Marín afirmó que "duplicar los plazos supone un freno injustificado a la actividad portuaria y traslada a las comunidades autónomas las ineficiencias de la Administración general".
Además, las alegaciones critican la posibilidad de que la falta de emisión del informe en plazo tenga carácter desfavorable. "Es una medida que genera inseguridad jurídica y que, en la práctica, puede convertirse en un veto encubierto a competencias que son exclusivas de la comunidad autónoma", advirtió.
Con estas alegaciones, el Ejecutivo autonómico solicita al Gobierno central que revise el texto para adaptarlo a los principios de eficacia, proporcionalidad y buena administración, garantizando al mismo tiempo el respeto a las competencias autonómicas.