María Marín ha explicado que el estudio, elaborado por la UPCT a petición de la Consejería de Agricultura y entregado en sus dependencias hace más de nueve meses, revela, en las tierras agrícolas del arco sur del Campo de Cartagena, valores de plomo que superan más de diez veces el límite legal y niveles de cadmio cinco veces por encima del umbral admisible, entre otros metales pesados
La diputada de Podemos en la Asamblea Regional, María Marín, ha anunciado este martes, a las puertas de la Consejería de Agricultura, que la formación morada ha llevado a la Fiscalía la ocultación de los informes sobre la calidad de los suelos agrícolas del Campo de Cartagena encargados por el Gobierno regional a la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), donde se revela la contaminación por metales pesados de las tierras agrícolas del arco sur del Mar Menor. Lo ha hecho por presuntos delitos de prevaricación, falsedad en documento público y posible fraude de subvenciones.
"Queremos mostrar lo que el señor López Miras y la señora consejera de Agricultura Sara Rubira están ocultando a todo el mundo", ha señalado Marín, sosteniendo los mapas incluidos en el estudio elaborado por la UPCT y que, según ha denunciado la portavoz, "llevan meses guardados en un cajón bajo cuatro llaves".
Los mapas, ha explicado Marín, revelan niveles de plomo "diez veces superiores a los máximos legales en terrenos agrícolas, niveles de cadmio cinco veces por encima de lo permitido y concentraciones muy elevadas de zinc y cobre". En ellos se vislumbran zonas muy extensas de color rojo en la superficie correspondiente a las tierras de cultivo del arco sur del Mar Menor y la vertiente más próxima a la Sierra Minera.
El color rojo de los mapas indica valores más de mil miligramos por kilogramo (mg/kg) de plomo, más de 500 mg/kg de zinc, más de 50 de cobre y más de cinco de cadmio, respectivamente.
"Aquí hay un grave problema que puede afectar a nuestra seguridad alimentaria, a la seguridad de los trabajadores del campo y a la salud pública. El Gobierno regional tiene que aclararlo de inmediato", ha proseguido Marín.
La portavoz ha hecho referencia, además, a que la contaminación llega "hasta el corazón mismo de este Ejecutivo". "Fue la propia Consejería de Agricultura la que encargó este proyecto de investigación a la UPCT en noviembre de 2023 y lo financió con 293.000 euros". "Los resultados de estos informes", ha añadido, "los recibieron en mayo de 2025". "Y desde entonces los han estado ocultando a la opinión pública". "Es más, han denegado el derecho de acceso a esta información diciendo que los informes no existían".
Al margen de la vía judicial y del informe presentado en Fiscalía, Podemos ya ha solicitado en la Asamblea Regional la comparecencia urgente de Sara Rubira y pidió el informe a la Consejería el pasado 26 de enero en el Parlamento autonómico. "Esto es muy gordo. No puede esconderse. La consejera va a tener que dar la cara y explicar por qué ha mentido y qué es lo que están ocultando", ha concluido Marín.