La diputada critica que el Ejecutivo central lo ha establecido "sin acuerdo con nadie, perjudicando a pequeños propietarios y operadores legales, y utilizando al sector como chivo expiatorio para ocultar el fracaso de su política estatal de vivienda"

La diputada regional del Partido Popular María Ángeles Román ha denunciado que la implantación por parte del Gobierno de España del denominado'Registro único' de alquileres de corta duraciónes "un error político de origen". Además, ha criticado, "no responde ni a una necesidad técnica ni se acoge a la norma europea, sino a una"decisión unilateral de Pedro Sánchezque ha generado duplicidades administrativas, inseguridad jurídica e invasión de competencias autonómicas".

Román ha subrayado que elReglamento (UE) 2024/1028no obliga en ningún caso a crear un doble sistema de inscripción, sino que, apuesta por mejorar lacooperación institucional, la gobernanza basada en datos y la interoperabilidad entre administraciones.

"El Gobierno de España ha hecho justo lo contrario: ha optado por imponer un segundo registro estatal cuando las comunidades autónomas, como la Región de Murcia, ya cuentan con registros obligatorios y plenamente operativos", ha señalado.

En el caso de la Región de Murcia, la diputada ha recordado que las viviendas de uso turístico están reguladas mediante elDecreto 256/2019, bajo el control delInstituto de Turismo de la Región de Murcia (Itrem). Solo en 2025 se han tramitado2.904 expedientes de nuevos alojamientos turísticos, de los que2.590 corresponden a Viendas de Uso Turístico (VUT). Actualmente, hay 11.167 registradas, con56.620 plazas, todas ellas sometidas a declaración responsable y control administrativo.

"Pese a ello, el Gobierno de Sánchez ha ignorado deliberadamente las advertencias de las comunidades autónomas", ha afirmado Román. Varias regiones recurrieron el modelo ante el Tribunal Supremo porinvasión competencial y riesgo cierto de doble registro, y territorios comoIbiza alertaron formalmente al Ministerio de Viviendadel daño que este sistema estaba causando a la oferta turística legal.

"Hoy vemos las consecuencias: la revocación masiva de números de registro ha afectado mayoritariamente a viviendas plenamente legales, convirtiendo artificialmente lo legal en presuntamente irregular", ha denunciado.

Modelo incompatible con el Decreto de la Unión Europea

"Europa ha sido clara al señalar queuna misma vivienda no puede estar sometida a más de un procedimiento de registro obligatorio, fijando además el20 de mayo de 2026como fecha límite para corregir un modelo incompatible con el Derecho de la Unión", ha recordado. "Europa no cuestiona el control del alquiler turístico, cuestiona la duplicidad administrativa impuesta por España", ha remarcado.

La diputada ha señalado que "el rechazo del sector no es técnico, sino político". Asociaciones comoFeviturhan advertido públicamente de que el Gobierno ha actuado"sin acuerdo con nadie, perjudicando a pequeños propietarios y operadores legales, y utilizando al turismo comochivo expiatorio", ha añadido. "La duplicidad administrativa se está empleando como una herramienta de expulsión de oferta legal y de construcción de un relato político ajeno a la realidad del mercado", ha recordado Román, citando las declaraciones de la presidenta de la federación.

Frente a esta imposición estatal, la diputada ha puesto en valor el modelo de la Región de Murcia, basado en lamesa de seguimiento de viviendas de uso turístico, creada en 2023 e integrada por el ITREM, organizaciones empresariales y asociaciones profesionales, con el objetivo de detectar alojamientos no reglados en plataformas digitales y garantizar su regularización o retirada.

"La estrategia del Gobierno de Sánchez es clara:culpabilizar al turismo para ocultar el fracaso de su política estatal de vivienda. Se penaliza a pequeños ahorradores, se confunde deliberadamente lo legal con lo ilegal y se pone en riesgo a la principal industria del país, con el silencio cómplice del Ministerio de Industria y Turismo y con un riesgo evidente de futuras responsabilidades patrimoniales que acabarán pagando todos los ciudadanos", ha concluido Román.