Álvarez-Castellanos anuncia el registro de una iniciativa parlamentaria para frenar nuevas demoras y activar los planes de accesibilidad
Izquierda Unida-Verdes ha reclamado esta mañana desde las puertas de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, en la Plaza de Santoña de Murcia, que el Gobierno regional cumpla de una vez la Ley de Accesibilidad Universal, aprobada en la Región de Murcia en junio de 2017 y cuyo desarrollo reglamentario debía haberse realizado en un plazo máximo de seis meses.
El diputado regional de IU-Verdes, José Luis Álvarez-Castellanos, acompañado por la coordinadora regional de la formación, Penélope Luna, ha recordado que el Ejecutivo de López Miras ha tardado siete años en activar el reglamento de la ley, que no ha entrado en vigor hasta prácticamente marzo de 2025. "Lo que tenía que haberse hecho en seis meses se ha retrasado durante siete años por la falta de voluntad política del Gobierno regional", ha afirmado.
Lejos de corregir este bloqueo, el reglamento aprobado establece ahora cinco años adicionales para la redacción y aprobación del Plan Regional de Accesibilidad y de los planes municipales, lo que en la práctica retrasa hasta 2030 la aplicación efectiva de un derecho básico. "Estamos pasando de un plazo de seis meses a casi trece años. Es inaceptable", ha subrayado el diputado.
Ante esta situación, Álvarez-Castellanos ha anunciado que Izquierda Unida-Verdes llevará esta cuestión a la Asamblea Regional, a través de una iniciativa parlamentaria registrada por el grupo mixto, para exigir que la aprobación de los planes de accesibilidad se limite a lo que resta de legislatura y no vuelva a aplazarse. "No podemos permitir que, con un cambio de legislatura, este derecho vuelva a quedarse bloqueado", ha advertido.
Desde IU-Verdes han recordado que la accesibilidad, al igual que la movilidad, es un derecho de todas las personas, y no puede verse condicionado por barreras físicas ni por la inacción institucional. En este sentido, la formación ha criticado también la escasa ejecución presupuestaria del programa 11 del Plan Estatal de Vivienda, destinado a ayudas para la mejora de la accesibilidad en viviendas.
Este programa cuenta con 11,5 millones de euros, financiados en un 80 % por el Gobierno central y en un 20 % por el Gobierno regional, pero según los últimos datos publicados, correspondientes a noviembre de 2025, solo se ha ejecutado en torno al 33 % del presupuesto disponible.
Para Álvarez-Castellanos, esta combinación de retrasos normativos y falta de ejecución presupuestaria tiene consecuencias directas: la persistencia de barreras arquitectónicas en edificios y viviendas, que impiden a muchas personas acceder con normalidad a su propio hogar o desplazarse con autonomía. "Esto afecta directamente a la calidad de vida y supone negar un derecho fundamental a las personas con dificultades de movilidad y accesibilidad", ha concluido.