El Gobierno regional incorpora medidas para endurecer la ocupación ilegal en el anteproyecto de Ley de Vivienda Asequible. El consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, inició hoy la ronda de contactos con los cuatro grupos parlamentarios en la Asamblea Regional con el objetivo de sacar adelante el anteproyecto de Ley de Vivienda Asequible, que facilita la construcción de 25.000 viviendas en los próximos años, destinadas sobre todo a jóvenes.

García Motoro considera esencial "alcanzar un acuerdo político" para aprobar esta ley, cuya finalidad es poner en marcha un paquete de medidas que faciliten el aumento de la oferta, la reducción de plazos administrativos y la movilización de suelo residencial.

A través de este proceso de diálogo, el Gobierno regional pretende compartir el contenido del texto, explicar sus principales medidas y recoger aportaciones de los distintos grupos parlamentarios.

Principales novedades respecto al Decreto-ley

Entre las principales novedades, el anteproyecto de ley incluye que la persona adquiriente o arrendataria de una vivienda asequible no puede haber sido condenada mediante sentencia firme por allanamiento de morada o usurpación de vivienda o sancionada mediante resolución administrativa firme en los últimos 10 años.

Otra de las novedades es la creación del Proyecto Unificado Residencial, una nueva figura que unifica en un solo procedimiento toda la tramitación necesaria para desarrollar un nuevo ámbito residencial, integrando planeamiento, gestión del suelo y evaluación ambiental simplificada. Esta medida permitirá realizar de forma simultánea los procedimientos lo que acortará considerablemente los plazos para llevar a cabo los desarrollos urbanísticos.

El anteproyecto de ley configura un marco normativo integral que introduce un nuevo modelo de Vivienda Asequible de la Región de Murcia, con un régimen jurídico propio dentro de la vivienda protegida, más flexible y adaptado a la realidad actual. La norma permite promover vivienda protegida tanto en régimen de alquiler como de venta, moderniza el modelo tradicional y reduce la carga burocrática para facilitar la viabilidad de nuevas promociones.

En este sentido, la ley profundiza en las definiciones, el régimen legal y los mecanismos de acreditación, estableciendo un marco normativo claro y estable que regula de forma precisa los requisitos de las promociones, los límites de precios y las condiciones de acceso, vinculándolos a criterios objetivos.

Tramitación urgente y flexible

En materia de agilización administrativa, la norma declara urgentes y de tramitación preferente todos los procedimientos vinculados a la vivienda asequible, incluidos los urbanísticos y las licencias, lo que permitirá reducir de forma significativa los plazos.

La norma flexibiliza además los instrumentos de ordenación urbanística para incorporar suelo residencial de forma más rápida, potenciando figuras como el estudio de detalle. También permite el cambio de uso de oficinas o locales en planta baja para destinarlos a vivienda protegida y facilita la finalización de edificaciones y urbanizaciones inconclusas, siempre que al menos el 50 por ciento se destine a vivienda protegida.

Otro de los ejes del anteproyecto de ley son las primas de edificabilidad, que podrán incrementarse hasta un 40 por ciento cuando el inmueble se destine íntegramente a vivienda protegida, y hasta un 50 por ciento en el caso de parcelas de titularidad pública. Esta medida permite compatibilizar la protección del patrimonio con la viabilidad de nuevos anteproyectos residenciales y la regeneración de los cascos urbanos.