El Ministerio ha publicado en su web la convocatoria de la Conferencia Sectorial de la Administración de Justicia para el próximo lunes, 22 de diciembre, y asegura que está todo preparado para la última fase de la implantación de estos tribunales el 31 de diciembre.

FSC-CCOO denuncia la hipocresía y la falta de rigor del Ministerio de Justicia al asegurar que está todo listo para la última fase de implantación de los tribunales de instancia.

Según anuncia el propio ministerio en un nuevo ejercicio de autocomplacencia, el principal objeto de la reunión será la valoración de la tercera y última fase de implementación de la Ley de Eficiencia de la Justicia, prevista para el próximo 31 de diciembre.

En esa publicación, asegura que en las comunidades donde el ministerio es el competente en materia de Justicia está todo a punto para esa fecha y se prevé que sea así en la práctica totalidad del territorio.

Desde CCOO, denunciamos nuevamente la pésima opinión que nos merece la desafortunadamente llamada Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia.

Por ello, no firmamos en su momento el acuerdo que suscribieron CSIF, STAJ, UGT y CIG con el ministerio y por eso además hemos seguido combatiendo, con diversas concentraciones e incluso con acciones judiciales, la nefasta gestión que -amparados y legitimados por la rúbrica de las cuatro centrales sindicales citadas- el Ministerio de Justicia ha realizado durante todo el proceso de implantación y acoplamiento a las nuevas relaciones de puestos de trabajo.

Esta reforma de la que públicamente hacen gala, básicamente ha servido para mermar los derechos del personal que representamos.

No han aprovechado esta ocasión para cumplir con sus obligaciones y atender alguno de los legítimos derechos que cabría reconocer a cualquier persona trabajadora, como una definición clara de sus funciones, previa valoración de los puestos de trabajo, y su reconocimiento profesional y retributivo.

Tampoco ha servido para dimensionar adecuadamente las plantillas y adecuarlas a las cargas de trabajo reales de los diferentes órganos judiciales.

Además, criticamos que no se aproveche de una vez por todas para tratar en este órgano de cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas en algunas materias pendientes de desarrollo desde hace años, como la carrera profesional y el teletrabajo.

La carrera profesional lleva pendiente de desarrollo desde el año 2018.

Cuanto menos resulta curioso que en menos de un año sean capaces de implantar toda una LO 1/2025 y en cambio, en casi siete años hayan sido incapaces de dictar un Real Decreto en desarrollo de un único artículo.

La explicación parece clara: la primera recorta derechos, la segunda, los desarrolla.

Lo mismo podemos decir en relación al teletrabajo, cuya regulación básica irónicamente viene recogida en la Disposición adicional octava de la propia LO 1/2025 para el seguimiento de la cual se reúnen el próximo lunes en la Conferencia Sectorial.

Tan solo deben dictar las normas de desarrollo, sencillamente eso.

Esas normas ya se han implantado en muchas comunidades autónomas, lo que pone aún más de manifiesto la absoluta desidia del ministerio.

Y el motivo es igualmente claro: en este caso el teletrabajo se conceptúa como un derecho de los trabajadores y de las trabajadoras; de lo contrario, si estuviera concebido como una obligación o una herramienta restrictiva de derechos, más que probablemente ya estaría implantado.

Desde CCOO, nos hemos dirigido hoy por carta al señor ministro, exigiéndoles su intervención en las cuestiones planteadas.