La Asamblea Regional tumba la moción de la coalición autonómica de izquierdas para devolver a gestión pública un servicio público crítico que salva vidas a diario

La Asamblea Regional de Murcia ha vuelto a dar la espalda al interés general. El Partido Popular de López Miras, con el apoyo de la ultraderecha de Antelo, ha votado en contra de la propuesta de IU-Verdes y Podemos para recuperar la gestión pública directa del Servicio Integrado de Gestión de Emergencias 112, incumpliendo de forma flagrante la normativa autonómica y perpetuando un modelo privatizado que precariza a los trabajadores y pone en riesgo la eficacia del servicio.

El resultado de la votación ha sido claro y demoledor: de los 43 diputados presentes, 15 votos a favor y 28 en contra, sin abstenciones. "Una mayoría reaccionaria que prefiere blindar el negocio privado antes que garantizar un servicio público esencial", señalan fuentes de la coalición autonómica de izquierdas.

Durante la defensa de la moción, el diputado de IU-Verdes José Luis Álvarez-Castellanos recordó que el Decreto 60/1997 es inequívoco, el 112 debe prestarse "con carácter exclusivo y bajo la forma de gestión directa" por la Comunidad Autónoma. "Se puede decir más alto, pero no más claro", señaló. Sin embargo, 28 años después, el Gobierno regional sigue incumpliendo la ley y apostando por la externalización de un servicio crítico.

Álvarez-Castellanos denunció una realidad insostenible, denunciando que los trabajadores y trabajadoras "están sometidas al convenio de telemarketing, salarios que apenas superan el SMI, sin antigüedad reconocida y con un plus de nocturnidad de 1,17 euros, en un servicio sometido a una presión emocional extrema". "¿Usted estaría dispuesto a cobrar ese plus de nocturnidad?", interpeló al PP desde la tribuna.

El diputado de IU-Verdes alertó además del deterioro progresivo del servicio, al borde permanente del colapso, con contratos que han tenido que ampliarse varias veces, una separación absurda entre el 112 y el CECOP que dificulta la coordinación en situaciones críticas, y situaciones de fraude laboral por cesión ilegal de trabajadores, fruto de la convivencia entre personal externalizado y funcionarios.

"¿De verdad quieren dejar esto en manos de empresas cuyo objetivo es ganar dinero?", preguntó Álvarez-Castellanos, recordando episodios como el de Ferrovial, que tras ganar un concurso a la baja amenazó con despidos, o anteriores concesionarias que actuaron del mismo modo. "Estamos hablando de un servicio que salva vidas a diario y que cuesta menos de dos millones de euros en un presupuesto regional de 6.700 millones".

En el turno final, el diputado fue tajante, "No estamos cumpliendo la ley". Y lanzó un reto a la Cámara, "No existe ninguna otra normativa de un servicio público esencial que obligue de forma tan clara a la gestión directa. Si la hay, pónganmela encima de la mesa".

Por su parte, la portavoz del Grupo Parlamentario de la coalición de izquierdas, María Marín, realizó una valoración contundente tras la votación, señalando que en la Región de Murcia, Andalucía y Castilla y León el servicio está subcontratado a la misma empresa, Ilunion Emergencias, manteniendo a la plantilla "en la más absoluta precariedad, con el convenio de un call center y sueldos que apenas superan el salario mínimo".

"Así trata López Miras a los trabajadores del 112, la primera línea de atención cuando hay una emergencia", afirmó Marín. "Los trabajadores del 112 no hacen telemarketing. Resuelven emergencias. Toman decisiones en los momentos más críticos. Salvan vidas".

La diputada morada recordó que mientras muchos celebran la Navidad o la Nochevieja, habrá personal del 112 trabajando en la sala, "velando por todos nosotros, cumpliendo un servicio tan esencial como la luz o el agua corriente". Y lanzó un mensaje claro: "Ni los bomberos, ni la plantilla del 112, ni los sanitarios, ni las residencias pueden estar bajo el mando de empresas que solo miran por su beneficio, porque la seguridad, la salud, los cuidados, la vida en definitiva no es un negocio".

Marín subrayó además que la gestión pública del 112 ya es una realidad en Asturias, Navarra, La Rioja, Islas Baleares, Extremadura y Madrid, y sentenció: "Aquí no nos merecemos menos".

Desde IU-Verdes y Podemos lamentan profundamente que la mayoría parlamentaria haya optado por seguir incumpliendo la ley, precarizando a los trabajadores y poniendo el beneficio privado por delante de la seguridad colectiva, pero advierten de que no renuncian a la batalla política y social para recuperar un servicio que nunca debió salir de lo público.