Los representantes regionales y locales españoles, entre ellos, el director general de Unión Europea, Adrián Zittelli, trasladaron en el encuentro de la delegación española del Comité Europeo de las Regiones (CdR) a los eurodiputados españoles la posición común adoptada en octubre, en Santiago de Compostela, sobre el futuro marco financiero plurianual de la Unión Europea a partir de 2028.

El documento rechaza la propuesta de la Comisión Europea de establecer planes de colaboración nacional y regional, que aúnan en un 'macrofondo' políticas tan diversas como la cohesión, la agricultura y la pesca, el empleo y la inclusión social o la vivienda.

"Este planteamiento puede reducir la eficacia de la gestión e impacto de los fondos, además de debilitar el necesario papel de las regiones en el diseño, gestión e implementación de la Política de Cohesión, con un evidente riesgo de centralización de las decisiones en los Estados miembros", señaló Zittelli.

El director general de Unión Europea participó en el encuentro de la delegación española del Comité Europeo de las Regiones (CdR) que reunió a representantes de comunidades autónomas y eurodiputados españoles, junto con el Embajador de la Representación Permanente de España ante la Unión Europea.

Zittelli insistió en "la importancia de construir una posición española fuerte, estableciendo canales de coordinación entre comunidades autónomas, gobierno nacional y eurodiputados que nos permitan ayudar en las negociaciones de manera eficaz en temas clave como el desarrollo del denominado 'regional check' de los planes nacionales o la participación de las pymes en el Fondo de Competitividad".

El encuentro estuvo dirigido por el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, como jefe de la delegación española, y contó con la presencia de los presidentes de la Junta de Andalucía, Comunidad Foral de Navarra y Junta de Castilla La Mancha, además de representantes del resto de comunidades.

La Comisión Europea presentó el pasado mes de julio su propuesta de presupuesto para el período 2028-2034, también conocido como marco financiero plurianual (MFP), dotado con 2 billones de euros. El Parlamento europeo y los Estados miembros de la UE deben negociar esta propuesta durante los próximos dos años, de manera que pueda entrar en vigor en enero de 2028.

De esta forma, "2026 supone un año clave para influir en las negociaciones y asegurar que se tenga en cuenta los intereses de España y de la Región de Murcia", avanzó Adrián Zittelli.