Tras haber conseguido que se interpusiera un recurso de inconstitucionalidad contra la modificación de la Ley de Participación Institucional que recortaba las subvenciones a sindicatos y patronal, la admisión a trámite por parte del Tribunal Constitucional es una gran noticia para UGT Y CCOO
Para los sindicatos de clase la modificación de la ley supone el menosprecio a la Constitución y a los derechos sindicales que han sido pisoteados por el gobierno y la Asamblea regional de la CARM
Ayer 18 de noviembre, el Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el presidente del gobierno de la nación en relación con la ley 2/2025 de participación institucional, de 4 de julio, de modificación de la Ley 5/2017 de 5 de julio, de participación institucional de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas en el ámbito de la Región de Murcia. Este recurso se suma al ya admitido previamente por el constitucional y presentado por el PSOE y Coalición Sumar.
El Tribunal Constitucional, a petición del gobierno de España, ha suspendido la vigencia y aplicación de la norma recurrida desde la fecha de interposición del recurso (29 octubre) para las partes del proceso y desde el día en que aparezca publicada la suspensión en el Boletín Oficial del Estado para terceros. El gobierno fundamenta su demanda en que la ley impugnada podría vulnerar las competencias estatales en materia de legislación laboral.
Se deja, por tanto, sin efecto la aplicación de la reforma de la ley. Y desde los sindicatos mayoritarios en la Región de Murcia, CCOO y UGT, nos congratulamos por esta noticia porque ambas centrales sindicales veníamos apuntando la inconstitucionalidad de esa modificación legal.
Las secretarias generales de UGT y CCOO Región de Murcia, Paqui Sánchez, y Teresa Fuentes, valoran esta decisión del Tribunal Constitucional como muy positiva, y aunque quieren ser prudentes hasta que se celebre el juicio, creen que es un primer paso para recuperar la Ley de Participación Institucional regional que nunca se tendría que haber tocado, y menos por intereses partidistas. Asimismo, aseguran que seguirán luchando por no perder ningún derecho de la clase trabajadora de los que se han conseguido en estos 50 años de democracia.
Ambas secretarias generales entienden la decisión judicial como un golpe a las políticas que atacan los derechos laborales y sindicales de las personas trabajadoras de la Región de Murcia y exigen que, a partir de ahora, las políticas desde el ejecutivo regional tomen en cuenta esta decisión.