Cartagena, 13 de noviembre de 2025. Izquierda Unida-Verdes denuncia la grave situación que afecta al idílico paraje de Cala Morena, situado en Cartagena, donde el Camping El Portús, gestionado por el Grupo Taiga y propiedad de miembros de la familia Entrecanales, mantiene una ocupación ilegal del dominio público marítimo-terrestre, bloqueando el acceso a la playa y limitando el disfrute de este espacio natural por parte de la ciudadanía. Esta ocupación amenaza no solo el derecho a disfrutar de un patrimonio natural de valor excepcional, sino también el ejercicio de libertades fundamentales vinculadas al uso público de las costas.
Esta mañana, el diputado regional de IU-Verdes, José Luis Álvarez-Castellanos, se ha desplazado hasta Cala Morena acompañado de miembros de la Asociación Cala Morena para comprobar in situ la situación y mostrar su respaldo a los vecinos y usuarias que reclaman su derecho a un acceso libre, gratuito y seguro. "Desde Izquierda Unida hemos planteado al Ministerio la necesidad urgente de restablecer este acceso público, que ha estado cerrado durante años, impidiendo el disfrute de una playa paradisíaca y una de las joyas naturales más importantes de nuestra Región. No es solo un problema de disfrute turístico, es una cuestión de justicia social y de defensa del dominio público marítimo-terrestre frente a intereses privados", afirmó Álvarez-Castellanos.
El pasado miércoles 5 de noviembre, el diputado de IU en el Congreso, Nahuel González, presentó una batería de preguntas al Gobierno, solicitando información sobre el estado del expediente de expropiación que debe garantizar el acceso público a Cala Morena. Entre las cuestiones planteadas se incluyen la tramitación del documento técnico de expropiación, su remisión a la Comunidad Autónoma de Murcia y al Ayuntamiento de Cartagena, los plazos de exposición pública y la previsión de medidas para garantizar accesibilidad a personas con discapacidad y acceso de vehículos de emergencia ante cualquier eventualidad.
Álvarez-Castellanos subrayó que no esperarán pasivamente la respuesta del Ministerio, "Vamos a llevar de manera inmediata estas preguntas también a la Asamblea Regional, para exigir al consejero Vázquez que informe no solo sobre el estado del expediente, sino también sobre los contenidos y la planificación de la expropiación. Queremos que la respuesta sea transparente y vinculante, y que se asegure que el acceso público sea completo, seguro y accesible para todas las personas. La ciudadanía no puede esperar meses mientras se bloquea el disfrute de un derecho básico como es el acceso a la costa".
Por su parte, Miguel Almagro, miembro de la Asociación Cala Morena, denunció que desde noviembre de 2023 la lucha vecinal se ha centrado en cuatro puntos clave: garantizar el naturismo, mantener la servidumbre de paso, preservar la zona frente a construcciones presuntamente ilegales y protegerse del acoso de los propietarios del camping. "Estamos valorando acciones judiciales contra el Ayuntamiento y, a nivel individual, contra los propietarios, que nos vendieron legalmente terrenos que ahora parecen ser objeto de irregularidades", explicó Almagro, recordando que la playa ha sido históricamente un espacio de encuentro y disfrute comunitario, accesible para todas las personas.
Izquierda Unida-Verdes advierte que seguirá ejerciendo presión política, social y judicial para garantizar el derecho ciudadano al dominio público marítimo-terrestre y evitar la privatización de playas históricas. La formación se compromete a acompañar a la ciudadanía y a la Asociación Cala Morena en todas las acciones necesarias, hasta que se respete plenamente el acceso libre y gratuito a Cala Morena, con condiciones de seguridad, accesibilidad y preservación del entorno natural.
"Esta lucha no es solo por Cala Morena, es por defender el derecho de todas las personas a disfrutar de las costas públicas sin que intereses privados las secuestren. IU continuará defendiendo estos derechos en todas las instancias, desde el Congreso hasta la Asamblea Regional, y estará al lado de la ciudadanía en la calle hasta conseguir una solución justa y definitiva", concluyó Álvarez-Castellanos.