El sindicato CCOO ha presentado alegaciones al estudio de viabilidad económico-financiera del concurso de gestión indirecta del servicio público de comunicación audiovisual televisiva de la comunidad autónoma de la región de Murcia.
A juicio del sindicato, la televisión pública, tiene carácter de servicio público de comunicación audiovisual por el Contrato Programas y por tanto tiene que desarrollar la actividad establecida por ese contrato con la máxima calidad y dedicación así como unas condiciones laborales dignas para la plantilla que la compone.
CCOO manifiesta su preocupación por el Estudio de Viabilidad, entre otras por las siguientes razones:
Financiación insuficiente
La contraprestación anual media de 19,9 millones de euros propuesta es una mera
actualización del IPC desde 2019, sin margen para las inversiones necesarias. Esto sitúa el coste por habitante en 12,65€, muy por debajo de la media nacional, 40€, y lejos del mínimo de 15€ que la CNMC establece para evitar el "deterioro acelerado" en calidad y audiencia. La falta de recursos para crear contenidos propios de calidad se refleja en la caída de la 7 al 3,1% de cuota de pantalla en 2024, frente al 8,1% de media autonómica.
Fuga de talento y precariedad laboral estructural
La infrafinanciación crónica está provocando una fuga masiva de talento. Desde 2022, casi un 20% de la plantilla ha abandonado la empresa, incluyendo profesionales con más de 20 años de experiencia. Esta pérdida responde a unas condiciones laborales precarias, salarios entre un 20% y un 40% inferiores a los de otras televisiones autonómicas y una plantilla insuficientes que satura de trabajo al personal restantes. La sobrecarga laboral ha provocado un aumento del 22% en las bajas por estrés en solo un año, creando un círculo vicioso de precariedad que el estudio de KPMG no resuelve.
Precariedad laboral no resuelta
El estudio reconoce la necesidad de incrementar los costes de personal en un 20%, pero su cálculo parte de una base errónea y es insuficiente. CCOO estima que se requiere un 40% para cubrir las necesidades reales del servicio y revertir la precariedad.
Desde el Comité de Empresa, órgano de representación de las personas trabajadoras, se exige a la Administración una revisión urgente de los criterios de financiación, priorizando un modelo sostenible que garantice empleo digno, contenidos de calidad y el derecho de la ciudadanía a un servicio público esencial.