En la Región se ha certificado un ahorro total de energía de 89,8 millones de kilovatios/hora desde 2023, con un incremento del 94 por ciento en el segundo trimestre de este año

La Región de Murcia y otras once comunidades autónomas han remitido al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico una carta en la que proponen mejoras en la gestión del sistema de Certificados de Ahorro Energético. Este instrumento, conocido como CAE, permite desde 2023 avanzar en eficiencia energética y sostenibilidad, y a las empresas no solo reducir su consumo energético, sino también optimizar sus inversiones mediante una rentabilidad adicional al generar un mercado secundario.

La misiva a la Dirección General de Planificación y Coordinación Energética la firman junto a la Región de Murcia, Galicia, Andalucía, Cantabria, Comunidad Valenciana, Extremadura, Castilla y León, Canarias, Madrid, Baleares, Aragón y La Rioja. "El sistema CAE es una herramienta innovadora y eficaz para canalizar inversiones hacia la eficiencia energética, en línea con los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, los planes autonómicos y la Directiva de Eficiencia Energética", explican las autonomías, que son las que tienen las competencias de gestión de este mecanismo.

Precisamente los costes -sobre todo en materia de personal- inducidos por esta gestión son los que centran parte de la reclamación autonómica al Ministerio. "La gestión ha supuesto una carga técnica y administrativa creciente derivada de la verificación documental, emisión de certificados, control de trazabilidad y coordinación con el Ministerio", explicó el director general de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Federico Miralles, que firma la carta junto a sus homólogos.

"A diferencia de otros programas de incentivos para actuaciones de eficiencia energética, en los CAE no se ha previsto financiación específica para los gastos indirectos de personal, asistencia técnica o sistemas de información, por lo que solicitamos presupuesto de apoyo económico específico a las autonomías, financiado con cargo al Fondo Nacional de Eficiencia Energética", señaló Miralles.

En la Región se ha certificado un ahorro total de energía de 89.853.949 kilovatios/hora desde la puesta en marcha del sistema en 2023, una cifra que incluye el crecimiento del 94 por ciento registrado en el segundo trimestre de este año. Representa el ahorro de la energía necesaria para abastecer durante todo un año unas 26.000 viviendas, el equivalente al cuarto municipio más poblado de la Región, Molina de Segura.

La inversión acumulada por las empresas en el sistema CAE desde su puesta en marcha en la Región suma ya 13.158.372 euros, de los que 9,9 millones se han solventado este mismo 2025, según la última actualización de la Dirección General de Industria, Energía y Minas. El número total de actuaciones ejecutadas llega a las 112, con predominancia del sistema en el sector industrial, que acumula 49, frente a las 12 del de servicios o las cuatro agrícolas y tres residenciales.

Miralles destacó el crecimiento experimentado en el sector del transporte, que ha multiplicado prácticamente por nueve el número de actuaciones, pasando de las cinco de finales de mayo a las 44 actualmente ejecutadas, de las que 43 se tramitaron este mismo año.

Ampliación de plazos para la emisión de informes

Además, las comunidades también han pedido que se amplíen los plazos para la emisión de informes autonómicos, actualmente de 15 días para actuaciones estandarizadas y de 30 para las singulares. "Nosotros, como gestores autonómicos, debemos revisar y validar los expedientes y emitir en su caso los CAE correspondientes a la cantidad de ahorro de energía con una verificación favorable", apuntó el director general.

"Estos plazos resultan claramente insuficientes, en especial en periodos de alta carga administrativa, vacaciones, bajas de personal o concursos de traslados, y más aún en actuaciones de mayor complejidad técnica de tipo singular", añadió Miralles, por lo que se ha propuesto ampliarlo a 30 días hábiles para las actuaciones estandarizadas y a 45 para las singulares.