El sindicato considera preocupante el ascenso de universidades privadas en el contexto nacional.

Las secciones sindicales de CCOO en UMU y UPCT han presentado 19 alegaciones al Anteproyecto de Ley de Universidades de la Región de Murcia, con especial énfasis en un modelo de financiación "que inspira un palpable proceso de privatización del servicio académico público, al hilo de lo que está sucediendo en Comunidades Autónomas del mismo signo político", en opinión de Nacho Tornel, Secretario General de CCOO Enseñanza.

La gestión de este anteproyecto parte de la inseguridad financiera. En palabras de Tornel, "jamás hemos escuchado a ningún responsable del gobierno regional la menor certidumbre sobre un supuesto Plan de financiación plurianual que aparece y desaparece en los discursos institucionales, nunca en el BORM".

A este respecto, para CCOO, una certeza clara es lo previsto en el artículo 29.2, que impone a las universidades públicas la obligación de recabar "al menos un 30% de su financiación" por vías ajenas a la Administración regional, con el fin de procurar "el incremento gradual y sucesivo de sus ingresos a través de otras fuentes", en virtud de un extraño "principio de corresponsabilidad". El anteproyecto emplaza a las universidades públicas a desarrollar este "incremento de sus ingresos" en colaboración con los Consejos sociales. Dado que la representación empresarial es notable en la composición de estos Consejos, "el Anteproyecto de Ley señala con claridad el camino a la financiación universitaria a través del sector empresarial privado".

"Si la UMU, según su propia versión, no llega a cubrir el 15% de su presupuesto anual con los ingresos por matrícula, ¿cómo alcanzar el otro 15%, si no más? ¿Aumentando el precio de las matrículas, como sugiere algún rector? ¿Aceptando la privatización del sistema universitario que persiguen sectores industriales y financieros con intención de lucro?", reclama Tornel.

La inevitable mercantilización de la actividad docente e investigadora a la que conduce esta propuesta de financiación propia, ajena al sentido de servicio público, solo puede conducir a "relegar áreas de conocimiento no rentables y someter la libertad académica a los intereses económicos de terceros", como muy bien ha señalado la Junta de PDI de la UMU.

En definitiva, el modelo de financiación universitaria pública propuesto por el gobierno regional debilita el propio concepto de autonomía de esta institución, abona el riesgo de inestabilidad que han sufrido las universidades regionales apenas hace tres años, las someten a un trato injusto frente a la labor que les encomienda el Estado y reproduce el plan de desmantelamiento de la Universidad pública en nuestra región, a imagen y semejanza de otras Comunidades Autónomas.