La última oleada de incendios vuelve a evidenciar un modelo centrado en apagar y no en preparar el territorio. Entre 2009 y 2022, la inversión pública en prevención cayó en torno al 51% en España, mientras el gasto en extinción se ha mantenido prácticamente estable. El resultado: campañas más largas, fuegos más intensos y operativos al límite.
Hasta agosto de 2025 los incendios dejan en España un balance de fallecidos y heridos, incluidos profesionales que colaboraban en las tareas de extinción mayor que en los últimos años. Este coste humano subraya la urgencia de un cambio de modelo.
La prevención como pilar
Los incendios se apagan en invierno, con gestión forestal preventiva (selvicultura, desbroces, pastoreo dirigido, quemas prescritas y mantenimiento de infraestructuras). La falta de inversión sostenida convierte los montes de la región en polvorines y dispara los costes: prevenir ronda, de media, los 3.000 €/ha, mientras extinguir puede superar los 19.000 €/ha. Cada euro no invertido a tiempo se paga multiplicado en verano.
Más allá de los incendios: un operativo multirriesgo, 365 días
• DANAs e inundaciones: rescates, achiques, apuntalamientos y logística en episodios como Lorca, Los Alcázares o Valencia.
• Terremotos: apoyo a emergencias y trabajos de seguridad en Lorca.
• Incendios fuera de la Región y fuera de España: refuerzos interautonómicos y misiones internacionales (por ejemplo, Castellón, Extremadura, Canadá).
• Emergencias sanitarias: desinfección y logística durante la COVID-19 (equipamientos públicos, centros críticos y apoyo territorial).
• Crisis ambientales: actuaciones ante hipoxia/anoxia en el Mar Menor, retirada de biomasa y trabajos preventivos asociados.
• Invernales: apertura de viales, rescates y apoyo a servicios esenciales en pequeñas y grandes nevadas (como Filomena).
Condiciones laborales que no sostienen el servicio
Aunque el convenio sectorial prevé una subida media del 19% (2023–2027), en realidad correspondería a una subida acumulada entre 2013 y 2027 (15 años). Un especialista de prevención y extinción terrestre apenas sobrepasa los 1.300 €/mes, una retribución incompatible con la especialización, el riesgo y la disponibilidad permanente que exige la profesión. A ello se suman:
• Cuadrantes inflexibles que impiden la conciliación.
• Jornadas maratonianas: turnos de 12 horas en extinción, acumuladas a la jornada ordinaria.
• Disponibilidad 24/7 con 30 minutos de respuesta, sin compensación adecuada.
• Trabajo a turnos todo el año, horarios variables de lunes a domingo, festivos mal compensados y vacaciones fuera del periodo estival.
Este modelo desgasta a las plantillas, dificulta la retención del talento y debilita la respuesta en emergencias.
Exigencias de USO Murcia al Gobierno Regional
1 Gestión 100% pública del servicio de extinción de incendios forestales.
2 Plantillas suficientes y estables: fin de los refuerzos estacionales como norma.
3 Prevención anual continua con trabajos selvícolas que reduzcan la carga de combustible.
4 Condiciones laborales dignas: salarios acordes a la responsabilidad, conciliación y reconocimiento profesional reales.
5 Segunda actividad: creación de plazas conforme a la Ley 5/2024, garantizando continuidad en funciones adaptadas y retribuciones adecuadas.
6 Coeficientes reductores de jubilación: reconocimiento del tiempo trabajado como bomberos forestales, incluido el personal trasvasado desde la Consejería de Medio Ambiente a empresas privadas.
7 Medios materiales y personales propios, que aseguren la eficacia de un dispositivo 100% público.
8 Refuerzo de la vigilancia forestal disuasoria (malla ECO/garitas) y mejora de la detección temprana.
9 Cumplimiento de la Ley Básica de Bomberos Forestales y adaptación del operativo a los nuevos escenarios climáticos y a su función multirriesgo.
“No hay extinción eficaz sin prevención, empleo estable y gestión pública. La Región de Murcia debe pasar de las declaraciones a los hechos: nuestro operativo salva vidas no solo en incendios, también en inundaciones, terremotos, crisis ambientales y temporales.”