El PP pregunta al Gobierno en el Senado si prevé el cierre de estas instalaciones, si va a asumir el coste de su informatización y exige más examinadores
El Partido Popular ha reclamado al Gobierno de España que garantice la continuidad de los centros desplazados donde se realizan los exámenes teóricos del carné de conducir en la Región de Murcia, concretamente en los municipios de Caravaca de la Cruz, Lorca, Jumilla y Yecla.
La senadora del PP Antonia López ha recordado que "estos centros son fundamentales para acercar la administración al ciudadano y evitar desplazamientos a otras ciudades", y ha denunciado que "están siendo sostenidos con fondos propios por los ayuntamientos, a pesar de que se trata de una competencia impropia".
A esta situación se suma ahora la intención de la Dirección General de Tráfico (DGT) de imponer nuevas condiciones para mantener operativos estos centros, como la informatización completa de sus instalaciones, cuyo coste también recaería sobre los consistorios, según ha trasladado ese departamento a los ayuntamientos en un borrador de convenio. Con el mismo intentan "endosar una competencia estatal que los ayuntamientos no pueden asumir".
En este contexto, el Grupo Parlamentario Popular ha registrado una pregunta en el Senado para saber si el Gobierno de Pedro Sánchez tiene previsto asumir los gastos derivados de estas mejoras y si tiene previsto cerrar estas instalaciones en caso de que los ayuntamientos no puedan hacer frente a estos nuevos requisitos.
"El Gobierno debe comprometerse con la igualdad de oportunidades para los vecinos del Noroeste, el Altiplano y Lorca. No se puede obligar a los ayuntamientos a financiar servicios que no les corresponden y, mucho menos, castigar a los ciudadanos cerrando centros esenciales por una cuestión económica", ha denunciado Antonia López.
La senadora también ha reclamado más examinadores para la Región de Murcia, ante unos tiempos de espera "inadmisibles" para poder presentarse al examen. Se trata de unas demoras que en algunos casos se alargan más allá de los tres meses.
Así, el Partido Popular exige al Ejecutivo que "escuche las demandas de los ayuntamientos afectados y garantice, con fondos estatales, tanto la continuidad del servicio como las mejoras técnicas necesarias para adaptarlo a las nuevas exigencias de la DGT".