La formación de izquierdas reclama la ruptura inmediata del pacto PP-Vox, denuncia el uso político del presupuesto como herramienta de exclusión y exige una reforma federal del sistema de financiación autonómica.

Tras la multitudinaria manifestación antirracista celebrada ayer en Murcia, el coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha comparecido esta mañana a las puertas de la Asamblea Regional acompañado por la coordinadora regional de IU-Verdes, Penélope Luna, y el diputado autonómico José Luis Álvarez-Castellanos. Durante la comparecencia, han lanzado una doble advertencia al Gobierno autonómico: por un lado, han denunciado el grave deterioro institucional y democrático que implica el mantenimiento del pacto entre el Partido Popular y Vox; por otro, han exigido una rectificación urgente de la política fiscal regresiva que, a su juicio, convierte los presupuestos regionales en una "herramienta de privilegio para unos pocos y de abandono para la mayoría social".

Izquierda Unida-Verdes ha valorado públicamente el éxito de la gran movilización ciudadana contra el racismo y en defensa de una sociedad de convivencia, a la que la formación se sumó de forma activa, y ha vinculado esa respuesta social con la necesidad urgente de frenar, también desde las instituciones, el avance de la ultraderecha y las políticas excluyentes.

Una fiscalidad al servicio de los más ricos

Durante su intervención, José Luis Álvarez-Castellanos ha criticado con dureza la política presupuestaria del Ejecutivo de Fernando López Miras. Según el diputado, "no es compatible reclamar más financiación al Estado mientras se perdonan cada año 20 millones de euros en impuestos a quienes declaran entre 700.000 y 3,5 millones de euros".

"¿Imaginan lo que podríamos hacer con ese dinero?", ha planteado. "Invertir en escuelas, reforzar la sanidad, mejorar la atención a la dependencia o ampliar los servicios sociales. Pero el PP prefiere blindar los privilegios fiscales de una minoría mientras abandona a la mayoría trabajadora".

Álvarez-Castellanos ha recordado que la Región de Murcia sufre un modelo de financiación autonómica claramente injusto, pero ha denunciado que el Partido Popular "calla las verdaderas causas estructurales de esa situación", entre ellas la cláusula de estatus quo, que perpetúa las desigualdades entre territorios.

En este sentido, IU-Verdes ha defendido una reforma integral y federal del sistema de financiación, que reparta recursos de forma justa, priorice la suficiencia financiera y garantice que el dinero público no se utilice para financiar recortes ni bajadas de impuestos regresivas.

Presupuestos marcados por el odio, no por la justicia

La formación de izquierdas también ha denunciado el alto coste social y ético del pacto entre el Partido Popular y Vox. "Ese pacto se cobra con la vida y el futuro de 60 niños y niñas del centro de menores de Santa Cruz", ha recordado Álvarez-Castellanos, señalando que la exigencia de cerrar ese centro fue impuesta por Vox como moneda de cambio para aprobar los presupuestos de 2025.

La coordinadora regional de IU-Verdes, Penélope Luna, ha insistido en que los presupuestos reflejan con claridad "el modelo de sociedad que defiende la derecha regional: privilegios fiscales para una élite, recortes en los servicios públicos y abandono absoluto de los municipios más empobrecidos y del medio rural".

Luna ha acusado al presidente López Miras de rechazar deliberadamente una vía alternativa propuesta por el PSOE para evitar el apoyo de Vox, y ha subrayado que su elección de gobernar con la ultraderecha "es voluntaria, consciente y profundamente peligrosa".

"No hay moderación fiscal cuando se elimina el impuesto de patrimonio mientras se doblan las listas de espera médicas. No hay moderación cuando se rebajan los ingresos mientras los servicios sociales están colapsados. No hay moderación cuando el presupuesto abandona a las familias trabajadoras", ha recalcado.

Según IU-Verdes, este modelo económico genera el contexto perfecto para que prosperen los discursos de odio, al fomentar desigualdad, precariedad y desesperanza. "Eso no es economía: es una política profundamente clasista y reaccionaria".

La respuesta social: convivencia frente al fascismo

Antonio Maíllo, coordinador federal de Izquierda Unida, ha comenzado su intervención felicitando a la ciudadanía murciana por la "respuesta ejemplar" ofrecida en la movilización de ayer, que calificó como "una de las manifestaciones más esperanzadoras del año en el país".

Maíllo ha destacado que la Región de Murcia "ha lanzado un mensaje claro: aquí no hay sitio para los fascistas. Aquí hay una mayoría que quiere vivir en paz, que valora la convivencia y reconoce el aporte de la migración a nuestra sociedad".

Además, ha denunciado los escándalos de corrupción que afectan al Partido Popular, asegurando que "sigue siendo el partido de la mafia, de la policía patriótica y de la Hacienda al servicio de los defraudadores". En este sentido, ha recordado las revelaciones sobre el papel de Ferrovial en los pagos a bufetes vinculados al exministro Montoro, y ha exigido transparencia y responsabilidad política.

En materia laboral, Maíllo ha mostrado el respaldo de IU a los trabajadores de la industria auxiliar de Navantia, especialmente en Cartagena, donde ha exigido "el fin de la precarización vía subcontratas" y la recuperación de empleo directo y con convenio justo.

Justicia fiscal, democracia real

Izquierda Unida-Verdes ha concluido su intervención exigiendo un cambio de rumbo en la política regional y ha recordado que no hay democracia plena sin redistribución de la riqueza ni sin servicios públicos sólidos. "La lucha contra el fascismo empieza por el reparto justo de los recursos. La política fiscal no puede seguir siendo una herramienta de privilegio, debe convertirse en un instrumento de justicia social", han declarado.