El decreto-ley impulsado por el Gobierno regional para la regulación del transporte urbano e interurbano de los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) ha sido convalidado por la Asamblea Regional tras lograr un apoyo "prácticamente unánime", según destacó hoy el consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro.

García Montoro valoró que la aprobación del decreto-ley "permitirá dotar de un marco legal claro a los servicios de transporte urbano e interurbano de VTC, favorecerá una convivencia equilibrada con el sector del taxi y garantizará los derechos de los usuarios y la movilidad sostenible de los ciudadanos".

Además, el consejero resaltó que "se solventa el vacío legal que existía tras la modificación de la normativa estatal, que limitaba a los VTC al transporte interurbano sin aportar un marco para el ámbito urbano" y añadió que "damos un paso adelante para garantizar que los servicios de VTC se presten con unas reglas claras, respetuosas con el medio ambiente y coherentes con la planificación urbana".

"La norma es fruto de un proceso de diálogo con los sectores implicados que responde a una demanda del propio mercado y permite a los ayuntamientos ejercer sus competencias con criterios de racionalidad y equilibrio", explicó el titular de Fomento.

En concreto, el decreto establece una regulación básica para el servicio urbano de VTC, que deberá ser desarrollada por los ayuntamientos a través de sus ordenanzas municipales. Estos podrán fijar limitaciones a la actividad de estos vehículos en base a criterios de sostenibilidad y demanda, adaptándolos a las características específicas de cada municipio, como la calidad del aire, la reducción de emisiones contaminantes o la congestión viaria.

Asimismo, se fija una moratoria de dos años desde la entrada en vigor del decreto hasta que los consistorios aprueben sus ordenanzas. Durante este periodo no se concederán nuevas licencias interurbanas de VTC, aunque las autorizaciones ya existentes podrán seguir operando y también podrán hacer transporte urbano en el municipio donde esté domiciliado el vehículo.

Además, incorpora una limitación específica para los precios en situaciones de alta demanda, estableciendo que el precio final del trayecto no podrá duplicar el precio ordinario ofertado para ese mismo recorrido por la empresa operadora o intermediaria, con el fin de evitar abusos a los usuarios y preservar el interés general.

"Se trata de una medida de protección al usuario que garantiza que los servicios de VTC se presten con garantías, también en términos económicos", remarcó García Montoro.